El Juzgado de Primera Instancia n.º 26 de Madrid desestimó la demanda principal al entender que, en relación con el proyecto de fábricas en Bata y Malabo, no se daban las condiciones precisas para el cobro de honorarios por parte de la actora en tanto que la sociedad mixta que las partes pretendían constituir no se constituyó válidamente. En cuanto al proyecto de las viviendas en Bata y Malabo, entendió que ni siquiera habían sido objeto de contrato por las partes. Por lo que respecta al proyecto de Djiblohó-Oyala, no consta si la adjudicación fue definitiva o provisional ni el precio de los proyectos.

El referido juzgado también desestimó la acción subordinada en tanto que no se habían cumplido las condiciones negociales para el devengo de honorarios y, además, no consta que los proyectos entregados por la actora se correspondieran con lo solicitado por la demandada, ni su valor ni que fueran útiles para las necesidades de la demandada.

La parte actora recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el mismo y confirmó la sentencia de primera instancia.

Así, la actora interpone recursos extraordinario por infracción procesal y de casación en el siguiente contexto: procedimiento ordinario tramitado por razón de la cuantía, siendo ésta superior a 600.000 euros, por lo que su acceso a la casación ha de efectuarse por el cauce del artículo 477.2.2º de la LEC.

(i). En el motivo primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 469.1.4º de la LEC, alega la infracción del artículo 24 de la CE en relación con el artículo 207 de la LEC por entender que la audiencia provincial, al declarar que el contrato de autos es "administrativo", desconoce el auto firme de 26 de abril de 2017 que declara a la jurisdicción civil como competente para la resolución del litigio. Al calificarlo como tal, habría aplicado normas administrativas en lugar de civiles y, por ende, concluyó de forma errónea que los contratos objeto de autos no son válidos.

(ii). En el motivo segundo, al amparo del artículo 469.1.2º de la LEC, alega la infracción del artículo 218.2 de la LEC por entender que la audiencia provincial incurre en falta de motivación al desestimar la petición subordinada de la demanda relativa al enriquecimiento injusto de la demandada.

(iii). En el motivo tercero, al amparo del artículo 469.1.4º de la LEC, alega la infracción del artículo 24 de la CE por entender que la audiencia provincial realiza una valoración errónea y arbitraria de las pruebas documental y pericial.

(i). En el motivo primero alega la infracción del artículo 1273 del CC por entender que la audiencia provincial yerra al no entender válidos los contratos entre las partes por falta de sus elementos esenciales. En relación a la construcción de fábricas y viviendas en Bata y Malabo, la contraprestación habría quedado fijada en el 3% del importe total de los proyectos y tal hecho había sido desconocido por la audiencia provincial.

(ii). En el motivo segundo alega la infracción del artículo 1285 del CC por cuanto la audiencia provincial no habría aplicado el canon hermenéutico de la totalidad en la interpretación de los contratos pues, al tratarse de una unidad negocial compleja, la contraprestación fijada en el 3% del importe total de los proyectos de Bata y Malabo, también sería aplicable al proyecto de Djiblohó-Oyala, que fue definitivamente adjudicado a la actora.

(iii). En el motivo tercero alega la infracción del artículo 1258 del CC por entender que la audiencia provincial yerra al interpretar el silencio negativo de la demandada como indicativo de no aprobar los proyectos realizados por la actora los cuales, sin embargo, recibió sin objeción alguna por lo que tal conducta no es acorde con la buena fe contractual.

(iv). En el motivo cuarto alega la infracción del principio jurisprudencial de prohibición de enriquecimiento injusto en tanto que la demandada se habría apropiado de los proyectos entregados por la actora y no habría abonado contraprestación alguna por ellos.

(i). Respecto del motivo primero, la parte recurrente no utiliza la vía adecuada para denunciar un supuesto desconocimiento de la cosa juzgada formal, pues el cauce adecuado es el artículo 469.1.2º de la LEC y no el apartado 4º del referido precepto, que es el relativo a la valoración errónea o arbitraria de la prueba practicada.

(iii). Respecto del motivo tercero, debe recordarse que la restrictiva doctrina desarrollada por esta sala durante la vigencia de la LEC de 1881 sobre el control en casación de la valoración arbitraria o ilógica de la prueba, 3 continúa siendo plenamente aplicable, si bien ahora dentro del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal ( STS de 28 de noviembre de 2008). Así, se ha venido admitiendo la impugnación sólo con carácter excepcional ( SSTS de fechas 12 de mayo de 2006, 28 de noviembre de 2007, con cita de las de 8 de abril de 2005, 29 de abril de 2005, 9 de mayo de 2005, 16 de junio de 2006, 23 de junio de 2006, 28 de julio de 2006, 29 de septiembre de 2006 y 16 de marzo de 2007), indicando que la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad (SSTC 63/1984, 91/1990, 81/1995, 142/1999, 144/2003,192/2003; y de esta Sala, 24 de febrero y 24 de julio de 2000, 15 de marzo de 2002, entre otras muchas).

Más en concreto, se ha venido indicando que procede la revisión probatoria: a) Cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio ( SSTS de 8 y 10 noviembre de 1994, 18 de diciembre de 2001, 8 de febrero de 2002); b) Cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica ( SSTS de 28 de junio y 18 de diciembre 2001; 8 de febrero de 2002; 21 de febrero y 13 de diciembre de 2003, 31 de marzo y 9 de junio 2004, 9 de marzo de 2010, 4 de octubre de 2011 y 26 de octubre de 2011), o se adopten criterios desorbitados o irracionales ( SSTS 28 de enero de 1995, 18 de diciembre de 2001, 19 de junio de 2002, 10 de junio de 2008, 19 de febrero de 2010); c) Cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial ( SSTS 28 de febrero de 2003; 24 mayo, 13 de junio, 19 de julio y 30 de noviembre 2004); y d) Cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias ( STS 3 marzo 2004) o contrarias a las reglas de la común experiencia ( SSTS 24 de diciembre de 1994 y 18 de diciembre de 2001).

En definitiva, la sentencia de 15 junio 2009 (RC. 1623/2004), seguida por las de 2 julio 2009 (RC. 767/2005), 30 septiembre 2009 (RC. 636/2005) y 6 de noviembre de 2009 ( 1051/2005), proclama que la revisión de la valoración probatoria "[...] no es admisible ante este Tribunal ni siquiera bajo el subterfugio de citar el artículo 120 de la Constitución Española relativo a la motivación de la sentencia. El artículo 469 de aquella ley enumera como numerus clausus los motivos en que puede fundarse el recurso por infracción procesal y ninguno de ellos se refiere a la valoración de la prueba; sólo en caso excepcional en que se diera una clara y hasta grosera desviación del resultado probatorio podría pensarse en vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, que contempla el número cuatro de dicho artículo; pero nunca, como se pretende en este motivo, puede llevarse a este recurso el valorar de nuevo la prueba y tampoco nunca cabe mezclar el concepto de motivación de las sentencias con la valoración de la prueba practicada en la instancia [...]".

Por tanto, es doctrina reiterada de esta Sala, ya expresada en sentencia de 4 diciembre 2007, que "[...] la valoración probatoria sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación mediante un soporte adecuado, bien la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba, en cuanto, según la doctrina constitucional, comporta la infracción del derecho la tutela judicial efectiva ( SSTS de 20 de junio de 2006, 17 de julio de 2006 ), bien la infracción de una norma concreta de prueba que haya sido vulnerada por el juzgador ( SSTS de 16 de marzo de 2001, 10 de julio de 2000 , 21 de abril y 9 de mayo de 2005, entre otras). En defecto de todo ello, la valoración de la prueba es función de la instancia y es ajena a la casación -y ahora al recurso extraordinario por infracción procesal- ( SSTS 8 de abril de 2005, 29 de abril de 2005, 9 de mayo de 2005, 16 de junio de 2006, 23 de junio de 2006, 28 de julio de 2006 y 29 de septiembre 2006, entre las más recientes)".

De ello resulta que solamente cuando se conculque el artículo 24.1 de la CE por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad (la cual puede darse cuando se desconoce una norma de prueba legal o tasada) cabe la posibilidad de un control a través del recurso extraordinario por infracción procesal al amparo del ordinal 4.º del artículo 469.1 de LEC, irracionalidad o arbitrariedad, supuesto no concurrente al no existir irracionalidad o arbitrariedad alguna.

Y es que lo que la recurrente pretende es sustituir la valoración de la prueba realizada por la audiencia provincial por la propia.

Por un lado, la sentencia de primera instancia, que es confirmada por la audiencia provincial, interpreta el contenido de los documentos 12 y 13 de la demanda (carta de intenciones y ayuda memoria) así como el documento n.º 17 (precontrato y contrato en relación con los proyectos de fábricas en Bata y Malabo) y llega a la conclusión de que la sociedad mixta que preveían constituir las partes no llegó a conformarse por lo que los proyectos no podían ser validados, condición precisa para el devengo de honorarios.

Por otro lado, la referida sentencia interpreta el documento nº 65 de la demanda relativo al proyecto de Djiblohó- Oyala puesto que no consta si la adjudicación fue provisional o definitiva. Pero, en cualquier caso, aunque sí tuviera carácter de definitiva, no hay prueba del precio convenido.

Finalmente, la audiencia provincial valora el informe pericial de Lahmeyer International (aportado por la actora) y concluye con "la escasa virtualidad práctica de los proyectos", conclusión similar a la del perito de la parte demandada quien, en relación con los proyectos de Bata y Malabo razona que "no hacen referencia al planeamiento urbanístico que deban llevar a cabo", por lo que "no disponen de la documentación imprescindible que debe contener un proyecto de ejecución".