EN EL CASO DE UN ARBITRAJE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA PARA LA PROMOCIÓN Y LAPROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES (el “Tratado”) - entre- SERAFÍN GARCÍA ARMAS 2. KARINA GARCÍA GRUBER (los “Demandantes”) - y- LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (la“Demandada”, y conjuntamente con los Demandantes, las “Partes”) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– LAUDO FINAL ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TRIBUNAL ARBITRAL: Prof. Eduardo Grebler, ÁrbitroPresidente Prof.Guido Santiago Tawil, Árbitro Sr. Rodrigo Oreamuno B., Árbitro Secretaría: Corte Permanente de Arbitraje

LISTA DE ABREVIATURAS

Alimentos Frisa	Alimentos Frisa, C.A.
Artículos sobre Responsabilidad	“Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, con comentarios” (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries) de la Comisión de Derecho Internacional, 2001
Audiencia	Audiencia sobre el fondo del arbitraje celebrada del 1 al 5 de agosto de 2016
CADIVI	Comisión de Administración de Divisas
CIADI	Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CNUDMI	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Comentarios de la Demandada sobre la Sentencia Chilena	Comentarios de la Demandada del 14 de febrero de 2018 sobre la Sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, República de Chile, el 26 de octubre de 2017
Comentarios de los Demandantes sobre la Sentencia Chilena	Respuesta de los Demandantes del 3 de marzo de 2018 a los comentarios de la Demandada del 14 de febrero de 2018 sobre la Sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, República de Chile, el 26 de octubre de 2017
Compañías	Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., conjuntamente
Contestación al Primer Escrito de Recusación	Contestación de los Demandantes al Primer Escrito de Recusación de los Miembros del Tribunal Arbitral del 19 de mayo de 2017

Convenio CIADI	Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, abierto a la firma el 18 de marzo de 1965 en Washington, DC, Estados Unidos de América
Corte de Apelación	Corte de Apelación de París, Francia
Corte de Casación	Corte de Casación de la República Francesa
Corte de Reenvío	Corte de Apelaciones de París con la función de juzgar nuevamente el Recurso de Nulidad de la Demandada, conforme fuera resuelto por la Corte de Casación
CPA	Corte Permanente de Arbitraje
CPPC	Costo promedio ponderado de capital
Decisión sobre Jurisdicción	Decisión sobre Jurisdicción dictada por el Tribunal el 15 de diciembre de 2014
Declaración del Sr. Ariza Martínez	Declaración Testimonial del Sr. Ramón Ariza Martínez del 18 de julio de 2016
Demandada o Venezuela	República Bolivariana de Venezuela
Demandantes	Serafín García Armas y Karina García Gruber, conjuntamente
EMBI	Emerging Market Bond Index
Escrito Actualizado de Costos de la Demandada	Escrito Actualizado de Costos de la Demandada del 14 de enero de 2019
Escrito Actualizado de Costos de los Demandantes	Escrito Actualizado de Costos de los Demandantes del 14 de enero de 2019

Escrito de Contestación	Escrito de Contestación de la Demandada del 1º de octubre de 2015
Escrito de Costos de la Demandada	Escrito de Costos de la Demandada del 16 de diciembre de 2016
Escrito de Costos de los Demandantes	Escrito de Costos de los Demandantes del 24 de noviembre de 2016
Escrito de Demanda	Escrito de Demanda de los Demandantes del 25 de mayo de 2015
Escrito de Dúplica	Escrito de Dúplica de la Demandada del 23 de mayo de 2016
Escrito de la Demandada sobre la Sentencia de la Corte de Apelación	Comentarios de la Demandada sobre el Alcance y los Efectos de la Sentencia dictada por la Corte de Apelación de París del 25 de abril de 2017, del 8 de septiembre de 2017
Escrito de los Demandantes sobre la Sentencia de la Corte de Apelación	Escrito de Comentarios de los Demandantes sobre la Decisión de la Corte de Apelación de París del 8 de septiembre de 2017
Escrito de Réplica	Escrito de Réplica de los Demandantes del 15 de enero de 2016
Fecha de Valuación	Fecha de valuación elegida para el cálculo de la compensación: 20 de mayo de 2010
FFD	Flujos de fondos descontados
FRED	Federal Reserve Economic Data

Frigorífico de Tazón	Establecimiento ubicado en Tazón, construido con fondos públicos y adscrito al Ministerio de Defensa, cuya gestión estaba encomendada al Instituto de Previsión de las Fuerzas Armadas, y que era usado por las Compañías, en calidad de arrendatarias, como su principal centro de almacenamiento
Friosa	Frigoríficos Ordaz S.A.
INDEPABIS	Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
Informe del Sr. González	Informe sobre resultados de hallazgos de Marco González del 5 de mayo de 2016
Informe Grafotécnico del Sr. Lollett Rivero	Informe Grafotécnico de Pedro Miguel Lollet Rivero del 29 de abril de 2016
Informe Suplementario del Dr. Flores	Informe Suplementario de Econ One del 9 de octubre de 2017
Informe Suplementario del Sr. Dellepiane	Informe Suplementario de Compass Lexecon del 8 de septiembre de 2017
INSAI	Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral
IPSFA	Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas
Junta Temporal	Junta Administradora Temporal establecida mediante la Providencia Administrativa No. 181
La Fuente	Delicatesses La Fuente, C.A.
Ley de Bienes y Servicios	Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios de 2008
Ley de Expropiación	Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social de 2002

Ley de Procedimientos Administrativos	Ley de Procedimientos Administrativos de 2002
Ley de Seguridad Agroalimentaria	Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de 2008
Ley de Silos	Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas de 2003
Medida Preventiva de Comiso	Medida preventiva de comiso de alimentos mediante el acta de inspección del INDEPABIS del 19 de mayo de 2010
Medidas	Supuestas medidas adoptadas por la Demandada en contra de las inversiones de los Demandantes en relación con las Compañías, que resultaron en la expropiación indirecta de sus inversiones
Memorial de Contestación sobre Jurisdicción	Memorial de Contestación de los Demandantes al Memorial de las Objeciones a la Jurisdicción del 7 de marzo de 2014
Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción	Memorial de Dúplica de los Demandantes al Memorial de Réplica sobre Jurisdicción del 11 de mayo de 2014
Memorial de Objeciones a la Jurisdicción	Memorial de la Demandada sobre las Objeciones a la Jurisdicción del 13 de enero de 2014
Memorial de Réplica sobre Jurisdicción	Memorial de Réplica de la Demandada sobre las Objeciones a la Jurisdicción del 11 de abril de 2014
Memorial Posterior a la Audiencia de la Demandada	Memorial Posterior a la Audiencia de la Demandada del 14 de noviembre de 2016
Memorial Posterior a la Audiencia de los Demandantes	Memorial Posterior a la Audiencia de los Demandantes del 14 de noviembre de 2016

Mercal	Mercados de Alimentos, C.A., una sociedad mercantil creada por el Ejecutivo Nacional de Venezuela
MINCO	Ministerio del Poder Popular para el Comercio
M VA C	Modelo de valuación de activos de capital
Notificación de Arbitraje	Notificación de Arbitraje de los Demandantes del 9 de octubre de 2012
Nuevo Frigorífico	Proyecto de construcción de los Demandantes de un nuevo frigorífico para complementar la actividad del Frigorífico de Tazón
Opinión del Dr. Pinna	Consulta por el Dr. Andrea Pinna sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del 12 de octubre del 2017
Opinión del Prof. Racine	Consulta por el Profesor Jean-Baptiste Racine sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del 6 de septiembre de 2017
Opinión del Profesor Ancel	Opinión del Presidente Jean-Pierre Ancel sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del 28 de agosto de 2017
Parte(s)	Los Demandantes y la Demandada
Parte(s) Contratante(s)	La(s) Parte(s) Contratante(s) del Tratado
Primer Escrito de Costos de la Demandada	Escrito de Costos de la Demandada del 16 de diciembre de 2016
Primer Escrito de Costos de los Demandantes	Escrito de Costos de los Demandantes del 16 de diciembre de 2016
Primer Escrito de Recusación	Escrito de la Demandada de Recusación de los Miembros del Tribunal Arbitral del 9 de mayo de 2017

Primer Informe del Dr. Flores	Informe Pericial de Econ One del 1 del octubre de 2015
Primer Informe del Sr. Dellepiane	Informe Pericial de Compass Lexecon del 25 de mayo de 2015
Primer Recurso de Revisión	Primer Recurso de Revisión de la Demandada presentado ante el Tribunal el 8 de junio de 2016
Primera Declaración de la Sra. Montilla	Declaración Testimonial de Lairé Montilla del 19 de mayo de 2016
Primera Declaración del Sr. Díaz León	Declaración Testimonial del señor Howard Felipe Díaz León del 28 de septiembre de 2015
Primera Declaración del Sr. García Armas	Declaración Testimonial de Serafín García Armas del 25 de mayo de 2015
Primera Declaración del Sr. Zandarín	Declaración Testimonial de Gerardo Zandarín del 25 de mayo de 2015
Primera Opinión del Prof. Mayer	Consulta por el Profesor Pierre Mayer sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del 7 de junio de 2017
Providencia Administrativa No. 181	Providencia Administrativa No. 181 dictada por el INDEPABIS el 21 de mayo de 2010
Providencia Administrativa No. 208	Providencia Administrativa No. 208 dictada por el INDEPABIS el 14 de julio de 2010
Recurso de Anulación	Recurso de anulación presentado por la Demandada ante la Corte de Apelación de París el 14 de enero de 2015
Reglamento CNUDMI	Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 15 de diciembre de 1976

Reglamento CNUDMI 2010	Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su versión revisada en 2010
Representaciones Dole	Representaciones Dole, C.A.
Respuesta al Primer Recurso de Revisión	Respuesta de los Demandantes del 5 de julio de 2016 al Primer Recurso de Revisión de la Demandada presentado ante el Tribunal el 8 de junio de 2016
Respuesta al Segundo Recurso de Revisión	Respuesta de los Demandantes del 25 de octubre de 2016 al Segundo Recurso de Revisión de la Demandada presentado ante el Tribunal el 30 de septiembre de 2016
SADA	Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas
Segunda Declaración del Sr. Díaz León	Segunda Declaración Testimonial de Howard Felipe Díaz León del 18 de mayo de 2016
Segunda Declaración del Sr. García Armas	Segunda Declaración Testimonial de Serafín García Armas del 13 de enero de 2016
Segunda Declaración del Sr. Zandarín	Segunda Declaración Testimonial de Gerardo Zandarín del 14 de enero de 2016
Segunda Opinión del Prof. Mayer	Opinión Legal del Profesor Pierre Mayer sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del 10 de octubre de 2017
Segundo Escrito de la Demandada sobre la Sentencia de la Corte de Apelación	Respuesta de la Demandada al Escrito de los Demandantes del 8 de septiembre de 2017 contentivo de sus comentarios sobre el Alcance y los Efectos de la Sentencia dictada por la Corte de Apelación de París el 25 de abril de 2017, del 13 de octubre de 2017

Segundo Escrito de los Demandantes sobre la Sentencia de la Corte de Apelación	Segundo Escrito de Comentarios de los Demandantes sobre la Decisión de la Corte de Apelación de París del 13 de octubre de 2017
Segundo Escrito de Recusación	Escrito de la Demandada de Recusación de los Miembros del Tribunal Arbitral del 21 de febrero de 2019
Segundo Informe del Dr. Flores	Segundo Informe Pericial de Econ One del 20 de mayo de 2016
Segundo Informe del Sr. Dellepiane	Segundo Informe de Compass Lexecon del 15 de enero de 2016
Segundo Recurso de Revisión	Segundo Recurso de Revisión de la Demandada presentado ante el Tribunal el 30 de septiembre de 2016
SENIAT	Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria
Sentencia de Chile	Sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, República de Chile, el 26 de octubre de 2017
Sentencia de la Corte de Casación	Sentencia dictada el 13 de febrero de 2019 por la Corte de Casación francesa sobre la Sentencia de la Corte de Apelación (Sentencia n. 157 F-D Sala Primera de lo Civil)
Sentencia de la Corte de Apelación	Sentencia dictada el 25 de abril de 2017 por la Corte de Apelación de París sobre el presente procedimiento arbitral (República Bolivariana de Venezuela c. Serafín García Armas y Karina García Gruber, Sentencia RG número 15/01040)
SUNDDE	Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos

Tercera Declaración del Sr. García Armas	Tercera Declaración Testimonial de Serafín García Armas del 15 de julio de 2016
Tercera Declaración del Sr. Zandarín	Tercera Declaración Testimonial de Gerardo Zandarín del 18 de julio de 2016
TJE	Tratamiento justo y equitativo
Transporte Dole	Transporte Dole, C.A.
Tratado	Acuerdo entre el Reino de España y la República de Venezuela para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 2 de noviembre de 1995 en Caracas y en vigor desde el 10 de septiembre de 1997
VJM	Valor justo de mercado

CAPÍTULO I.INTRODUCCIÓN

LAS PARTES

La parte demandante en el presente procedimiento la constituyen el Sr. Serafín García Armas y la Sra. Karina García Gruber (conjuntamente, los “Demandantes”), padre e hija, ambos con domicilio en Carretera Principal, Casa No. 3, Hermigua, La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.

Los Demandantes están representados por:

La parte demandada en el presente procedimiento es la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela” o la “Demandada” y, junto con los Demandantes, las “Partes”).

La Demandada está representada por:

LOS ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE

La presente controversia se originó en unas supuestas medidas adoptadas por la Demandada en perjuicio de las inversiones de los Demandantes en las compañías venezolanas Alimentos Frisa, C.A. (“Alimentos Frisa”) y Transporte Dole, C.A. (“Transporte Dole” y, conjuntamente con Alimentos Frisa, las “Compañías”), que, según los Demandantes, resultaron en la expropiación indirecta de estas por parte de la Demandada, sin el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva y en violación al Tratado y al derecho internacional (en su conjunto, las “Medidas”) 1 .

Los Demandantes iniciaron el presente procedimiento mediante la Notificación de Arbitraje del 9 de octubre de 2012 (la “Notificación de Arbitraje”), recibida por la Demandada el 15 de octubre de 2012, de conformidad con (a) el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 15 de diciembre de 1976 (el “Reglamento CNUDMI”); y (b) el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Venezuela para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Caracas el 2 de noviembre de 1995 y en vigor desde el 10 de septiembre de 1997 (el “Tratado”) 2 .

EL ACUERDO ARBITRAL

El artículo XI del Tratado dispone lo siguiente:

EL IDIOMA DEL ARBITRAJE

Mediante carta del 10 de enero de 2013, los Demandantes informaron la decisión conjunta de las Partes que el idioma del Arbitraje sea el castellano. Mediante carta del 16 de enero de 2013, la Demandada confirmó dicha decisión.

LASEDE DEL ARBITRAJE

Mediante carta del 10 de enero de 2013, los Demandantes informaron la decisión conjunta de las Partes que la sede del Arbitraje sea París, Francia. Mediante carta del 16 de enero de 2013, la Demandada confirmó el acuerdo anterior.

CAPÍTULO II. HISTORIA PROCESAL

A continuación, se relatan solamente los hechos procesales más relevantes de este Arbitraje.

Mediante la Notificación de Arbitraje del 9 de octubre de 2012, los Demandantes iniciaron un procedimiento de arbitraje contra la Demandada, de conformidad con el artículo XI del Tratado, el cual establece la posibilidad de someter las controversias que surjan entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante a un tribunal de arbitraje ad hoc conformado según el Reglamento CNUDMI.

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

Mediante carta del 20 de noviembre de 2012, recibida por la Demandada el 26 de noviembre de 2012, los Demandantes nombraron como árbitro al Prof. Guido Santiago Tawil, quien aceptó su designación el 27 de noviembre de 2012.

Mediante carta del 11 de diciembre de 2012, la Demandada recusó al Prof. Tawil conforme a los artículos 10 y 11 del Reglamento CNUDMI.

El 26 de diciembre de 2012, la Demandada notificó a los Demandantes el nombramiento como árbitro del Sr. Rodrigo Oreamuno Blanco, quien aceptó su designación el 27 de diciembre de 2012.

Mediante carta del 10 de enero de 2013, los Demandantes informaron a la Corte Permanente de Arbitraje (la “CPA”) del acuerdo con la Demandada relativo a (i) designar al Secretario General de la CPA como autoridad nominadora bajo el Reglamento CNUDMI; (ii) nombrar a la CPA como la institución administradora del arbitraje; (iii) decidir que el idioma del arbitraje sea el castellano; (iv) elegir que la sede del arbitraje sea París, Francia; y (v) aplicar los párrafos 3 al 6 del artículo 41 del Reglamento CNUDMI en su versión revisada en 2010, sujeto a algunas particularidades acordadas por las Partes. Adicionalmente, las Partes solicitaron que el Secretario General de la CPA decidiera sobre la solicitud de recusación al Prof. Tawil interpuesta por la Demandada.

Mediante carta del 16 de enero de 2013, la Demandada confirmó el acuerdo anterior.

El 8 de mayo de 2013, el Secretario General de la CPA, otorgándole la nomenclatura AA473 a su actuación como autoridad nominadora en este Arbitraje y luego de escuchar a ambas Partes, rechazó la recusación al Prof. Tawil.

Mediante cartas del 26 de julio de 2013 de los Demandantes, y del 29 de julio de 2016 de la Demandada, las Partes informaron que llegaron a un acuerdo para solicitar al Secretario General de la CPA que realizara el nombramiento del Presidente del Tribunal, de conformidad con el artículo 7(2) del Reglamento CNUDMI.

Mediante el Acta de Nombramiento de Árbitro Presidente del 30 de agosto de 2013, el Secretario General de la CPA nombró al Prof. Eduardo Grebler como Árbitro Presidente, de esta manera constituyendo el Tribunal.

El 18 de noviembre de 2013, el Tribunal emitió el Acta de Constitución, que fue firmada por el Tribunal y ambas Partes. Allí, se estableció, inter alia, (i) un calendario procesal acordado por las Partes, incluyendo una fase previa de objeciones jurisdiccionales a fin de determinar si el Tribunal cuenta con jurisdicción conforme al Tratado; (ii) que los miembros del Tribunal han sido válidamente nombrados de conformidad con el Tratado y el Reglamento CNUDMI; y (ii) la inmunidad del Tribunal, comprometiéndose las Partes a no hacer responsable al Tribunal ni a ninguno de sus miembros respecto a cualquier acto u omisión relacionado con el Arbitraje, ni a solicitar a ningún miembro del Tribunal a ser parte o testigo en procedimiento alguno, ya sea judicial, administrativo o de otro tipo, que surja de o esté relacionado con el presente Arbitraje.

DECISIÓN SOBRE JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL

El 21 de noviembre de 2013, el Tribunal dictó la Orden Procesal No. 1, mediante la cual dispuso, inter alia, que se aplicaría el Reglamento CNUDMI al presente Arbitraje, con las modificaciones acordadas por las Partes respecto a la aplicación de los párrafos 3 al 6 del artículo 41 del Reglamento CNUDMI 2010.

Las Partes presentaron sus escritos correspondientes a la fase de jurisdicción conforme al calendario procesal contenido en el Acta de Constitución y sus modificaciones posteriores. A saber, el 13 de enero de 2014, la Demandada presentó el Memorial de Objeciones a la Jurisdicción; el 7 de marzo de 2014, los Demandantes presentaron el Memorial de Contestación sobre Jurisdicción; el 11 de abril de 2014, la Demandada presentó el Memorial de Réplica sobre Jurisdicción; y el 11 de mayo de 2014, los Demandantes presentaron el Memorial de Dúplica sobre Jurisdicción.

Durante los días 26 y 27 de mayo de 2014, las Partes y el Tribunal celebraron la audiencia sobre jurisdicción en París, Francia.

Tras algunos intercambios con las Partes relacionados con preguntas formuladas por el Tribunal durante la audiencia sobre jurisdicción, la CPA remitió a las Partes la Orden Procesal No.2, dictada por el Tribunal el 16 de julio de 2014, mediante la cual el Tribunal declaró cerrada la fase de objeciones a su jurisdicción de conformidad con el artículo 29 del Reglamento CNUDMI.

El 15 de diciembre de 2014, el Tribunal dictó su Decisión sobre Jurisdicción 3 , en la que resolvió por unanimidad 4 :

El Sr. Oreamuno adjuntó una Opinión Disidente a la Decisión sobre Jurisdicción 5 .

PROCEDIMIENTO EN LA FASE DE FONDO DEL ARBITRAJE

El 2 de marzo de 2015, los Demandantes solicitaron al Tribunal que ordenara a la Demandada la presentación de ciertos documentos que los Demandantes habían pedido a la Demandada el 20 de febrero de 2015, afirmando que esa documentación era indispensable para la preparación del escrito de demanda.

El 3 de marzo de 2015, la Demandada pidió al Tribunal que rechazara la solicitud de exhibición de documentos de los Demandantes por resultar extemporánea, al considerar que no era el momento procesal oportuno para una solicitud de producción de prueba.

El 9 de marzo de 2015, la CPA remitió a las Partes la Orden Procesal No.4, mediante la cual el Tribunal (i) determinó que resultaba necesario iniciar un procedimiento de exhibición de documentos previo a la presentación del escrito de demanda, a fin de garantizar el debido proceso; (ii) suspendió el plazo para la entrega de dicho escrito hasta que concluyese el procedimiento de exhibición de documentos; y (iii) fijó el calendario procesal para la exhibición de documentos y la fase de fondo del Arbitraje.

El 23 de marzo de 2015, los Demandantes presentaron su Solicitud de Exhibición de Documentos, mientras que la Demandada manifestó que no tenía documentos que solicitar a los Demandantes.

El 6 de abril de 2015, la Demandada presentó sus Objeciones a la Solicitud de Exhibición de Documentos de los Demandantes.

El 10 de abril de 2015, los Demandantes presentaron su Respuesta a las Objeciones de la Demandada y el 14 de abril de 2015 solicitaron al Tribunal que resolviera sobre las solicitudes de exhibición de documentos de los Demandantes conforme a la Orden Procesal No. 4, dado que las Partes no habían logrado arribar a un acuerdo sobre ellas.

El 27 de abril de 2015, el Tribunal dictó la Orden Procesal No.5, prorrogando la fecha para emitir su decisión al respecto hasta el 30 de abril de 2015, sin que ello afectara al resto del calendario procesal indicado en la Orden Procesal No. 4.

Mediante carta del 30 de abril de 2015, la CPA envió a las Partes la Orden Procesal No.6, dictada por el Tribunal el 29 de abril de 2015 y en la cual se pronunció sobre la solicitud de exhibición de documentos de los Demandantes objetada por la Demandada.

Mediante carta del 14 de mayo de 2015, los Demandantes indicaron que la información remitida por la Demandada el 11 de mayo de 2015 no cumplía con la Orden Procesal No. 6 y solicitaron al Tribunal que ordenara a la Demandada a “que cumpla debidamente con dichas órdenes, y/o en su caso derive del incumplimiento de la Demandada las inferencias pertinentes, tomando en consideración todas las circunstancias relevantes ” 6 .

El 18 de mayo de 2015, el Tribunal recordó a las Partes que debían cumplir las Órdenes Procesales del Tribunal y, “en caso de que una Partes no exhiba los documentos conforme a lo ordenado por el Tribunal, conforme a lo ya indicado en las Órdenes Procesales Nos. 4 y 6, el Tribunal hará las inferencias que considere pertinentes, tomando en consideración todas las circunstancias relevantes” 7 .

El 25 de mayo de 2015, el Tribunal dictó la Orden Procesal No.7, confirmando el acuerdo de las Partes de modificar los párrafos 3.1 y 3.3 de la Orden Procesal No. 1.

El mismo día, la Demandada afirmó que no había incumplido las Órdenes Procesales del Tribunal y que hacía sus mejores esfuerzos para cumplirlas. Al respecto, la Demandada expresó que ya había producido numerosos documentos en respuesta a lo ordenado por el Tribunal y que seguía buscando otros potenciales documentos.

El mismo 25 de mayo de 2015, los Demandantes presentaron su Escrito de Demanda (“Escrito de Demanda”), junto con la Declaración Testimonial de Serafín García Armas (“Primera Declaración del Sr. García Armas”), la Declaración Testimonial de Gerardo Zandarín (“Primera Declaración del Sr. Zandarín”), el Informe Pericial de Compass Lexecon (“Primer Informe del Sr. Dellepiane”, junto con sus anexos CLEX001 a CLEX-034), los anexos C-14(bis), C-22(bis), C-29(bis), y C-80 a C-119, y las autoridades legales CLA-49 a CLA-121.

Mediante carta del 1 de junio de 2015, los Demandantes respondieron a la carta de la Demandada del 25 de mayo de 2015, exponiendo los motivos por los que reiteraban su solicitud al Tribunal “de que derive del incumplimiento de la Demandada las inferencias pertinentes ” 8 .

El 8 de junio de 2015, el Tribunal informó a las Partes que las posiciones de las Partes respecto a los documentos solicitados por los Demandantes serían evaluadas a la luz de los argumentos esgrimidos en los Escritos de Demanda y de Contestación, así como de las demás pruebas a presentarse durante el curso del Arbitraje.

El 1 de octubre de 2015, la Demandada presentó su Escrito de Contestación (“Escrito de Contestación”), junto con la Declaración Testimonial del señor Howard Felipe Díaz León (“Primera Declaración del Sr. Díaz León”), el Informe Pericial de Econ One (“Primer Informe del Dr. Flores”, junto con sus anexos EO-1 a EO-102), los anexos R-18 a R-57 y las autoridades legales RLA-111 a RLA-164.

El 15 de enero de 2016, los Demandantes presentaron su Escrito de Réplica (“Escrito de Réplica”), junto con las Segundas Declaraciones Testimoniales de Serafín García Armas (“Segunda Declaración del Sr. García Armas”, como anexo CWS-3) y Gerardo Zandarín (“Segunda Declaración del Sr. Zandarín”, como anexo CWS-4), el Segundo Informe de Compass Lexecon (“Segundo Informe del Sr. Dellepiane”, junto con sus anexos CLEX-35 a CLEX-90), el Apéndice A, los anexos C-120 a C-189 y las autoridades legales CLA-122 a CLA-169.

El 15 de febrero de 2016, la Demandada informó que el estudio jurídico Hogan Lovells cesaba su representación en el Arbitraje y que el estudio jurídico De Jesús & De Jesús continuaría con la representación de la Demandada. Al día siguiente, el estudio jurídico De Jesús & De Jesús confirmó los términos de la carta del 15 de febrero.

El 14 de marzo de 2016, las Partes informaron al Tribunal que habían acordado celebrar la audiencia sobre el fondo de la disputa en París, Francia, entre los días 1 y 5 de agosto de 2016, manteniendo en reserva el 6 de agosto de 2016.

El 23 de mayo de 2016, la Demandada presentó su Escrito de Dúplica (“Escrito de Dúplica”), junto con la Declaración Testimonial de Lairé Montilla (“Primera Declaración de la Sra. Montilla”, como anexo RWS-1), la Segunda Declaración Testimonial de Howard Felipe Díaz León (“Segunda Declaración del Sr. Howard Díaz León”, como anexo RWS-2), el Segundo Informe Pericial de Econ One (“Segundo Informe del Dr. Flores”, junto con sus anexos EO-103 a EO-172), el Informe sobre resultados de hallazgos de Marco González (“Informe del Sr. González”, junto con sus anexos MG-01 a MG-15), el Informe Grafotécnico de Pedro Miguel Lollet Rivero (“Informe Grafotécnico del Sr. Lollett Rivero”), los anexos R58 a R-104 y las autoridades legales RLA-165 a RLA-235.

El 27 de mayo de 2016, la Demandada envió el Escrito de Dúplica enmendado, conforme fue solicitado por los Demandantes y ordenado por el Tribunal.

El 27 de junio de 2016, las Partes comunicaron al Tribunal los testigos y peritos que convocaban a la audiencia. En adición, los Demandantes alegaron que la Demandada había introducido con su Escrito de Dúplica nuevos argumentos y evidencia que estaban disponibles previamente y que, por lo tanto, debieron haber sido presentados con el Escrito de Contestación. Con ello en miras, los Demandantes solicitaron autorización del Tribunal para presentar evidencia adicional en respuesta.

El 1 de julio de 2016, el Tribunal dictó la Orden Procesal No. 8, relativa a la organización de la audiencia, confirmó que la audiencia de fondo se celebraría conforme a lo programado y convocó a una conferencia telefónica para el día 6 de julio de 2016.

El 4 de julio de 2016, la Demandada cuestionó que el Tribunal hubiese dictado la Orden Procesal No. 8 antes de celebrar la conferencia telefónica y haber escuchado a las Partes en tal conferencia.

El 5 de julio de 2016, el Tribunal determinó que las cuestiones referidas en la carta de la Demandada del 4 de julio de 2016 serían debatidas en la conferencia telefónica del 6 de julio de 2016.

El 6 de julio de 2016, el Tribunal celebró con las Partes una conferencia telefónica.

El 7 de julio de 2016, el Tribunal dictó la Orden Procesal No. 8 Enmendada, incorporando los cambios resultantes de la conferencia telefónica del 6 de julio de 2016.

Conforme a la Orden Procesal No. 8 Enmendada, (i) el 8 de julio de 2016, los Demandantes notificaron que no requerían la presencia del Sr. Lollett Rivero en la audiencia; (ii) el 18 de julio de 2016, los Demandantes presentaron las Terceras Declaraciones de los Sres. Gerardo Zandarín (CWS-5) y Serafín García Armas (CWS6), la Declaración del Sr. Ramón Ariza Martínez (CWS-7), y los anexos C-192 al C222; (iii) el 22 de julio de 2016, la Demandada solicitó que el Sr. Ariza Martínez, la Sra. Karina García Gruber, la Sra. Raquel García Gruber, y el Sr. Tomas Pérez Ruíz fueran convocados a la audiencia a los fines de ser interrogados; (iv) el 25 de julio de 2016, los Demandantes presentaron la autoridad legal CLA-207 y las versiones en español de las autoridades legales CLA-70(bis) y RLA-149(bis); la Demandada presentó los anexos R106 a R-132 y las autoridades legales RLA-247 a RLA-272; y (v) las Partes notificaron sus respectivas listas de asistentes a la audiencia, así como el orden de interrogación de sus testigos y peritos.

El 26 de julio de 2016, el Tribunal convocó a las Sras. Karina García Gruber y Raquel García Gruber y al Sr. Pérez Ruíz a comparecer en la audiencia, al considerar que las cartas de su autoría presentadas por los Demandantes podrían ser calificadas como testimonios.

El 27 de julio de 2016, los Demandantes informaron que el Sr. Pérez Ruíz estaría disponible en París, Francia y que las Sras. García Gruber estarían disponibles para ser interrogadas por videoconferencia desde Nueva York, EE. UU. Los Demandantes a su vez solicitaron la exclusión de las autoridades legales RLA-247, RLA-248 y RLA-249, reservándose el derecho de solicitar la exclusión de cualquiera de los documentos identificados como RLA-250 a RLA-272.

LOS RECURSOS DE REVISIÓN

El 8 de junio de 2016, la Demandada presentó al Tribunal un Primer Recurso de Revisión en contra de la Decisión sobre Jurisdicción, junto con el anexo R-105, y las autoridades legales RLA-236 a RLA-245, solicitando al Tribunal:

El 13 de junio de 2016, el Tribunal invitó (i) a la Demandada a presentar los fundamentos de derecho francés que autorizarían la interposición de un recurso de revisión; y (ii) a los Demandantes a pronunciarse sobre la admisibilidad de dicho recurso y sobre la solicitud de la Demandada de suspender el proceso.

El 14 de junio de 2016, la Demandada solicitó al Tribunal precisar el objeto de su invitación a presentar los fundamentos de derecho francés referidos, puesto que consideraba que dichos fundamentos estaban ya incluidos en los párrafos 25 al 34 del Primer Recurso de Revisión y en las autoridades legales RLA-242 y RLA-243.

El 20 de junio de 2016, el Tribunal tomó nota de los fundamentos referidos por la Demandada para justificar la interposición del Primer Recurso de Revisión y confirmó la invitación a que los Demandantes se pronunciaran respecto a la admisibilidad del Primer Recurso de Revisión y la suspensión del Arbitraje.

Los Demandantes presentaron su Respuesta al Primer Recurso de Revisión del 5 de julio de 2016, junto con las autoridades legales CLA-170 a CLA-206. Allí, solicitaron al Tribunal:

El 30 de septiembre de 2016, la Demandada presentó un Segundo Recurso de Revisión en contra de la Decisión sobre Jurisdicción, junto con las autoridades legales RLA-273 y RLA-274, solicitando al Tribunal:

El 25 de octubre de 2016, junto con los anexos C-223 y C-224 y las autoridades legales CLA-207 a CLA-211, los Demandantes presentaron su Respuesta al Segundo Recurso de Revisión, y solicitaron que “se declare inadmisible en su totalidad ” 12 .

Mediante la Decisión sobre los Recursos de Revisión dictada en esta misma fecha, el Tribunal rechazó los recursos de revisión presentados por la Demandada.

LA AUDIENCIA

Del 1 al 5 de agosto de 2016, las Partes y el Tribunal celebraron la audiencia sobre el fondo del arbitraje (la “Audiencia”), en las instalaciones del ICC Hearing Center en París, Francia.

Las siguientes personas comparecieron en la Audiencia:

Los siguientes testigos y peritos, en orden comparecencia, fueron interrogados en la Audiencia:

Al inicio de la Audiencia, el Tribunal comunicó a las Partes que, en relación con los documentos presentados por la Demandada el 25 de julio de 2016 y objetados por los Demandantes, se admitirían únicamente los documentos relativos a cuestiones de idoneidad o credibilidad de los testigos 13 .

Mediante carta del 31 de agosto de 2016, conforme al párrafo 43 de la Orden Procesal No. 8 Enmendada y al entendimiento al que llegaron las Partes durante la Audiencia, la CPA informó a las Partes que el Tribunal no tenía preguntas adicionales que realizar, sin perjuicio de reservarse la posibilidad de hacerles en el futuro las preguntas que considerare pertinentes.

PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA AUDIENCIA

Mediante carta del 26 de septiembre de 2016, la Demandada informó al Tribunal que el 1 de agosto de 2016 interpuso una denuncia por falsificación, utilización de documentos falsos, fraude y tentativa de fraude (“faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie” ) relacionada con este Arbitraje ante las autoridades con competencia en materia penal y criminal de la República Francesa. Al día siguiente, el Tribunal solicitó a la Demandada presentar una copia completa de esa denuncia.

El 3 de octubre de 2016, la Demandada indicó que consideraba inapropiado revelar el contenido de la denuncia referida en su carta del 26 de septiembre de 2016.

Mediante carta del 7 de octubre de 2016, los Demandantes presentaron sus comentarios a la denuncia penal interpuesta por la Demandada y reiteraron su solicitud de que la Demandada pague los anticipos de costos por ella adeudados en el presente Arbitraje.

El 13 de octubre de 2016, en atención a lo manifestado por los Demandantes en su carta del 7 de octubre de 2016 y en vista del incumplimiento de la Demandada a la obligación de pagar su porción de los anticipos de costos requeridos a lo largo del Arbitraje, el Tribunal solicitó a la Demandada que informara sobre los pasos adoptados en relación con su obligación de pagar su porción de los anticipos de costas.

El 14 de noviembre de 2016, las Partes presentaron sus respectivos Memoriales Posteriores a la Audiencia.

Mediante carta del 1 de diciembre de 2016, la Demandada manifestó que había considerado destinar fondos del presupuesto de 2017 a efectos de pagar sus porciones de anticipos de costos. No obstante, en base a sus alegaciones de fraude y la supuesta pasividad del Tribunal al respecto, la Demandada reiteró su renuencia a pagar las porciones a la fecha adeudadas.

El 6 de diciembre de 2016, los Demandantes manifestaron que la posición de la Demandada era contraria a sus obligaciones de pagar los anticipos de costos conforme al Reglamento CNUDMI, aplicable en virtud del Tratado, hecho que debía ser tenido en cuenta a efectos de la eventual condena en costos de la Demandada.

El 12 de diciembre de 2016, el Tribunal dictó la Orden Procesal No. 9, relativa al depósito de anticipos de costos, la marcha del proceso arbitral y las alegaciones de fraude de la Demandada. Entre otros aspectos, el Tribunal, con base en los artículos X(4)(a) y X(4)(b) del Tratado y el artículo 15(1) del Reglamento CNUDMI, y en ejercicio de sus poderes inherentes, ordenó a la Demandada depositar a la CPA EUR 700.000 en concepto de anticipos de costos por ella adeudados a la fecha.

El 24 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016, las Partes presentaron sus respectivos Escritos de Costos. Los Demandantes adjuntaron los anexos C-224 a C-225 y las autoridades legales CLA-212 a CLA-229. La Demandada, a su vez, adjuntó las autoridades legales RLA-275 a RLA-284.

Mediante carta del 16 de diciembre de 2016, la Demandada comunicó al Tribunal su decisión de no interponer nuevas objeciones jurisdiccionales.

Mediante carta del 15 de marzo de 2017, el Tribunal solicitó a la Demandada pronunciarse sobre las medidas por ella adoptadas para dar cumplimiento a la Orden Procesal No. 9, en vista de la falta de pago de su porción de los anticipos de costos.

El 28 de marzo de 2017, la Demandada se pronunció sobre las medidas por ella adoptadas para dar cumplimiento a la Orden Procesal No. 9, indicando que, a pesar de las gestiones realizadas, no había sido aprobado el respectivo rubro presupuestario.

Mediante carta del 29 de marzo de 2017, el Tribunal solicitó a la Demandada que se pronunciara sobre sus gestiones para cumplir con la Orden Procesal No. 9, junto con documentos que permitan establecer la realización de tales gestiones, y sobre las razones por las cuales el rubro presupuestario en cuestión no había sido aprobado.

Mediante carta del 13 de abril de 2017, el Tribunal destacó que a lo largo del arbitraje los Demandantes habían tenido que cubrir la porción de los anticipos de costos que corresponden a la Demandada e insistió que ello no la liberaba de su obligación de asumir los pagos correspondientes.

RECUSACIÓN CONTRA EL PROF. TAWIL

El 13 de diciembre de 2017, la Demandada presentó una nueva recusación contra el Prof. Tawil. El 14 de diciembre de 2017, el Prof. Tawil manifestó que no renunciaría a su cargo como Miembro del Tribunal.

Los Demandantes contestaron a la recusación el 5 de enero de 2018, y el 15 y 22 de enero del 2018 ambas Partes, respectivamente, presentaron comentarios adicionales.

El 12 de febrero de 2018, el Secretario General de la CPA, en su condición de autoridad nominadora, rechazó la recusación contra el Prof. Tawil.

LA INCIDENCIA RESPECTO DE LA SENTENCIA CHILENA Y EL CIERRE DE LAS AUDIENCIAS

El 14 de febrero de 2018, la Demandada envió al Tribunal los Comentarios de la Demandada sobre la Sentencia Chilena, en rela ción con la sentencia dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Chile, el 26 de octubre de 2017 (la “Sentencia de Chile”).

El 3 de marzo de 2018, los Demandantes presentaron los Comentarios de los Demandantes sobre la Sentencia Chilena.

Mediante carta del 21 de marzo de 2018, el Tribunal informó que, luego de su revisión de las últimas comunicaciones de las Partes sobre los efectos de la Sentencia Chilena, el Tribunal consideraba que tenía elementos suficientes como para dictar su laudo.

El 9 de agosto de 2018, la Demandada solicitó al Tribunal que se realice un debate contradictorio sobre unas órdenes de aprehensión dictadas por una corte venezolana contra los Demandantes.

El 24 de agosto de 2018, los Demandantes enviaron una carta pidiendo que se rechace la solicitud de la Demandada.

Luego de examinar detenidamente las posiciones de las Partes, el 7 de septiembre de 2018, el Tribunal dictó la Orden Procesal No. 11, mediante la cual se rechazó la solicitud de la Demandada de presentar nuevos escritos y argumentos sobre el asunto de las órdenes de aprehensión. Asimismo, el Tribunal dictaminó que disponía de todos los elementos necesarios para dictar el laudo, según había sido ya informado mediante la carta del 21 de marzo de 2018, y agregó que, tras concluir las deliberaciones, el laudo se encontraba en proceso de elaboración.

EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LA DECISIÓN SOBRE JURISDICCIÓN, LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIÓNY LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN

El 23 de enero de 2015, la Demandada informó que el 14 de enero de 2015 había interpuesto ante la Corte de Apelación de París un recurso de anulación contra la Decisión sobre Jurisdicción (el “Recurso de Anulación”) y solicitó al Tribunal que suspendiera el Arbitraje en cuanto al fondo hasta que el juez de anulación se pronunciara sobre el Recurso de Anulación.

El 26 de enero de 2015, el Tribunal invitó a los Demandantes a efectuar comentarios sobre la petición de la Demandada y solicitó a la Demandada una copia de la presentación ante la Corte de Apelación referida en su carta del 23 de enero de 2015.

El 28 de enero de 2015, la Demandada informó que, conforme al derecho francés aplicable, si bien había interpuesto el recurso, aún no había presentado el memorial correspondiente.

El 9 de febrero de 2015, los Demandantes solicitaron que se rechazara la petición de la Demandada de suspender el procedimiento.

El 20 de febrero de 2015, el Tribunal emitió la Orden Procesal No.3 del 19 de febrero de 2015, en la cual denegó la petición de la Demandada de suspender el proceso arbitral y resolvió que las Partes debían cumplir con el calendario procesal establecido.

El 7 de septiembre de 2015, la Demandada acompañó una copia de las conclusiones presentadas ante la Corte de Apelación el 15 de junio de 2015 en el marco de su Recurso de Anulación.

El 12 de mayo de 2016, la Demandada acompañó una copia del escrito presentado ante la Corte de Apelación en la misma fecha y en el marco del Recurso de Anulación.

El 25 de abril de 2017, la Demandada le envió al Tribunal y a la CPA una copia de la sentencia emitida por la Corte de Apelación (la “Sentencia de la Corte de Apelación”), alegando que dicha sentencia había anulado la Decisión de Jurisdicción.

Mediante carta del 25 de abril de 2017, los Demandantes manifestaron su desacuerdo con la Demandada, pues, según ellos, la Sentencia de la Corte de Apelación no anuló la Decisión emitida por el Tribunal. Por el contrario, concedió el exequatur a su contenido con excepción de las partes allí señaladas. Asimismo, solicitaron que el Tribunal fijara un calendario procesal para que las Partes pudieran efectuar comentarios sobre la relevancia de la Sentencia de la Corte de Apelación en este Arbitraje.

Mediante carta del 1 de mayo de 2017, el Tribunal aceptó la solicitud hecha por los Demandantes y, en consecuencia, invitó a las Partes a consultarse mutuamente con el fin de acordar un calendario procesal a tal efecto. Igualmente, les requirió que remitieran una traducción al castellano de la Sentencia de la Corte de Apelación sobre la cual estuvieran de acuerdo.

Mediante nota del 1 de mayo de 2017, la Demandada envió al Tribunal la traducción al castellano de la Sentencia de la Corte de Apelación y ratificó que la Corte había anulado el laudo en base a las causales de falta de competencia rationae materiae del Tribunal y desconocimiento por parte de los árbitros de su misión.

La Demandada rechazó la solicitud de los Demandantes señalando que los efectos de la Sentencia de la Corte de Apelación no están sujetos a las opiniones de las Partes ni pueden ser debatidos ante este Tribunal. En consecuencia, solicitó que los miembros del Tribunal se abstuvieran de seguir actuando en este Arbitraje.

Mediante carta del 4 de mayo de 2017, los Demandantes insistieron en que la Demandada no describió correctamente la Sentencia de la Corte de Apelación y señalaron que el Tribunal debía ejercer su jurisdicción conforme fuera ratificado por la Corte de Apelación. Por tanto, pidieron que el Tribunal rechazara la solicitud de inhibición presentada por la Demandada y que, en su lugar, estableciera un calendario para que las Partes realizaran los comentarios que tuvieran sobre el asunto.

El 9 de mayo de 2017, el Tribunal emitió la Orden Procesal No. 10, mediante la cual estableció un cronograma a efectos de que las Partes remitieran (i) sus comentarios y pruebas respecto de los efectos de la Sentencia de la Corte de Apelación, incluyendo una posible inhibición para seguir actuando en este caso, y (ii) sus respuestas a los comentarios de la contraparte. El Tribunal decidió continuar ejerciendo su jurisdicción hasta tanto pudiere resolver objetivamente la cuestión planteada.

El 12 de julio de 2017, el Tribunal decidió reanudar el trámite del procedimiento. Conforme a lo resuelto mediante la Orden Procesal No. 10, invitó a las Partes a presentar sus comentarios y pruebas respecto del alcance y los efectos de la Sentencia de la Corte de Apelación, así como sus respectivas respuestas a los comentarios y pruebas de la contraparte.

El 8 de septiembre de 2017, la Demandada envió al Tribunal el Escrito de la Demandada sobre la Sentencia de la Corte de Apelación, acompañado de la Opinión del Profesor Jean Pierre Ancel y la Opinión del Prof. Jean-Baptiste Racine.

El 9 de septiembre de 2017, los Demandantes presentaron el Escrito de los Demandantes sobre la Sentencia de la Corte de Apelación, acompañado de la Primera Opinión del Prof. Mayer y el Informe Suplementario del Sr. Dellepiane.

El 13 de octubre de 2017, la Demandada remitió el Segundo Escrito de la Demandada sobre la Sentencia de la Corte de Apelación junto con el Informe Suplementario del Dr. Daniel Flores y el curriculum vitae del Profesor Ancel. En dicho escrito, la Demandada informó al Tribunal que había presentado recientemente, ante la Corte de Casación, un recurso contra una parte de la Sentencia de la Corte de Apelación.

El 13 de octubre de 2017, los Demandantes enviaron su Segundo Escrito de los Demandantes sobre la Sentenciade la Corte de Apelación, acompañado de la Segunda Opinión del Prof. Pierre Mayer y la Opinión del Dr. Andrea Pinna.

El 17 de octubre de 2017, los Demandantes enviaron su anexo C-227, así como los anexos de las Opiniones del Prof. Mayer y del Dr. Pinna.

El 17 de diciembre de 2018, la Demandada solicitó que el Tribunal suspendiese el procedimiento hasta tanto la Corte de Casación se expidiese sobre el recurso de casación que ella había interpuesto.

El 21 de diciembre de 2018, los Demandantes informaron al Tribunal su rechazo a la solicitud de la Demandada de suspender el procedimiento.

El 2 de enero de 2019, el Tribunal rechazó la solicitud de la Demandada de que no se dicte ninguna otra decisión en el presente procedimiento, hasta tanto se expidiese la Corte de Casación sobre el recurso interpuesto.

El 15 de enero de 2019, la Demandada informó al Tribunal que la Corte de Casación emitiría su decisión sobre el recurso presentado por Venezuela el 13 de febrero de 2019. En función de ello, la Demandada solicitó al Tribunal que esperara la decisión de la Corte de Casación antes de tomar cualquier decisión adicional en el presente procedimiento, especialmente dictar el laudo final anunciado por el Tribunal Arbitral.

El 22 de enero de 2019, el Tribunal informó que tomaba nota de la solicitud y que se expediría al respecto oportunamente.

El 13 de febrero de 2019, los Demandantes enviaron al Tribunal y a la CPA una copia de la Sentencia emitida por la Corte de Casación (la “Sentencia de la Corte de Casación”), y solicitaron que el Tribunal concediera a las Partes una oportunidad para manifestarse respecto del contenido y sus efectos en este proceso, en dos rondas de intercambios simultáneos para cada Parte. Mediante carta del 14 de febrero de 2019, el Tribunal Arbitral acogió la solicitud de los Demandantes y ordenó a las Partes que presentaran dos rondas de escritos simultáneos para que se refirieran respecto del contenido y los efectos de la Sentencia de la Corte de Casación en este arbitraje.

El 19 de febrero de 2019, la Demandada se dirigió al Tribunal, solicitando una modificación del calendario fijado por el Tribunal Arbitral respecto de la Sentencia de la Corte de Casación y la celebración de una audiencia tras la presentación de los escritos de las Partes.

El 21 de febrero de 2019, el Tribunal respondió al pedido de la Demandada, acogiendo parcialmente su solicitud de modificar el calendario procesal, y además informó que, a pesar de considerar en principio innecesario realizar una audiencia específica sobre el asunto, tomaría una determinación sobre ello tras analizar las manifestaciones de las Partes.

El 1 de marzo de 2019, los Demandantes aportaron la traducción al español, acordada entre las Partes, de la Sentencia de la Corte de Casación a la cual le asignaron el número C-243.

El 4 de marzo de 2019, las Partes presentaron sus respectivos escritos, la Demandada acompañó su escrito con el Anexo R-134. El 25 de marzo de 2019, las Partes presentaron sus respectivos comentarios finales sobre dicha sentencia, acompañados de los Anexos C-244 al C-247, adjuntados por los Demandantes.

El [•] de abril de 2019, en respuesta a la solicitud de la Demandada del 19 de febrero de 2019, de celebración de una audiencia respecto de la Sentencia de la Corte de Casación, el Tribunal confirmó su decisión preliminar del 21 de febrero de 2019 en el sentido de que tal audiencia sería innecesaria, lo que quedó comunicado a las Partes por la respectiva carta de la Secretaría.

LAS RECUSACIONES PRESENTADAS POR LA DEMANDADA CONTRA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

El 9 de mayo de 2017, la Demandada presentó un Primer Escrito de Recusación contra todos los miembros del Tribunal con fundamento en la Sentencia de la Corte de Apelación.

Mediante carta del 10 de mayo de 2017, la CPA acusó recibo del Escrito de Recusación e invitó a los Demandantes a manifestar si aceptaban la recusación, y a los miembros del Tribunal a confirmar si renunciaban a sus cargos en este caso.

Mediante carta de la misma fecha, los Demandantes rechazaron la recusación planteada.

Mediante cartas del 11 de mayo de 2017, el Prof. Tawil, el Prof. Grebler y el señor Oreamuno comunicaron no tener la intención de renunciar a sus cargos por no existir razones que lo justifiquen.

Mediante carta del 12 de mayo de 2017, la CPA informó que debido a que los Demandantes no aceptaron la recusación y que los miembros del Tribunal no renunciaron a sus cargos, la decisión respecto de la recusación sería tomada por el Secretario General de la CPA, en su calidad de autoridad nominadora. En este sentido, la CPA estableció un calendario para la presentación de comentarios adicionales por las Partes.

El 13 de mayo de 2017, el Tribunal informó a las Partes su decisión de suspender todo trámite y plazo en este Arbitraje hasta tanto el Secretario General de la CPA decidiera sobre la recusación presentada.

El 20 de mayo de 2017, los Demandantes presentaron su Contestación al Escrito de Recusación.

Mediante carta del 24 de mayo de 2017, el Prof. Tawil manifestó que la decisión del Tribunal de solicitar a las Partes sus comentarios sobre los efectos de la sentencia dictada por la Corte de Apelación no afectaba su independencia o imparcialidad por lo que a su juicio no procedía la recusación presentada.

Mediante carta de la misma fecha, el Prof. Grebler indicó que las cuestiones planteadas en el Escrito de Recusación no comprometían su imparcialidad e independencia, y señaló que el Tribunal había procedido correctamente.

En la misma fecha, el Sr. Oreamuno manifestó que la recusación planteada era improcedente puesto que la Sentencia de la Corte de Apelación no afectaba su imparcialidad o independencia.

El 31 de mayo de 2017, la Demandada presentó su Réplica sobre la Recusación y los documentos que la acompañan.

El 7 de junio de 2017, los Demandantes enviaron su Dúplica sobre la Recusación junto con la Primera Opinión del Prof. Pierre Mayer e informaron que entregarían su traducción al castellano el 12 de junio de 2017.

El 8 de junio de 2017, la Demandada se refirió a la comunicación anterior e indicó que la presentación de la Primera Opinión del Prof. Mayer era irregular y atentaba contra el debido proceso.

La Demandada argumentó que (i) el momento en que fue presentada no le permitía refutar su contenido y no respondía a ningún informe presentado por la Demandada o a la existencia de un elemento nuevo que lo justificara, y (ii) fue presentada en francés y no en el idioma del Arbitraje, lo que afectó el tiempo con el que contaba la Demandada para presentar sus argumentos y pruebas. En consecuencia, solicitó al Secretario General de la CPA que emitiera sus comentarios sobre las irregularidades denunciadas, se pronunciara sobre la admisión o exclusión de la Primera Opinión del Prof. Mayer y que, en caso de admitirla, se le otorgara un plazo de 15 días para responder.

El 9 de junio de 2017, los Demandantes se refirieron a la comunicación de la Demandada del 8 de junio de 2017 y manifestaron que (i) la presentación de la Primera Opinión del Prof. Mayer no se encontraba limitada a contestar otro informe previo, y (ii) no existían limitaciones de lenguaje para los documentos de soporte pues el procedimiento sobre las recusaciones es autónomo. Destacaron que la Demandada no identificó ningún perjuicio concreto que podría sufrir en caso de recibir la traducción de la Primera Opinión del Prof. Mayer el 12 de junio de 2017 y, en consecuencia, solicitaron que se rechace la solicitud de exclusión presentada.

El 12 de junio de 2017, los Demandantes enviaron la traducción al castellano de la Primera Opinión del Prof. Mayer.

El 16 de junio de 2017, la CPA informó a las Partes que el Secretario General de la CPA decidió admitir la Primera Opinión del Prof. Mayer e invitó a la Demandada a presentar la contestación correspondiente.

El 26 de junio de 2017, la Demandada presentó su contestación a la Primera Opinión del Prof. Mayer.

Mediante carta del 5 de julio de 2017, el Secretario General de la CPA rechazó la recusación presentada por la Demandada contra los miembros del Tribunal.

El 21 de febrero de 2019, la Demandada presentó un segundo escrito de recusación contra todos los miembros del Tribunal, con fundamento en que su decisión del 14 de febrero de 2019, de acoger la solicitud de los Demandantes para abrir un debate sobre el contenido y los efectos de la Sentencia de la Corte de Casación sin solicitar previamente la posición de la Demandada, por lo que según la Demandada, esa decisión generaba dudas justificadas sobre la imparcialidad e independencia de los miembros del Tribunal.

Mediante carta del 21 de febrero de 2019, la CPA acusó recibo del Segundo Escrito de Recusación e invitó a los Demandantes a presentar sus comentarios al respecto, lo que los Demandantes hicieron mediante carta del 28 de febrero de 2019, acompañada de los Anexos A hasta O.

Mediante carta del 1º de marzo de 2019, la CPA invitó a los árbitros que se manifestaran sobre si renunciaban a sus cargos y presentaran sus comentarios. El 7 de marzo de 2019, cada uno de los miembros del Tribunal se dirigió a la CPA informando que no renunciaba a sus funciones.

El 15 de marzo de 2019, la Demandada presentó su réplica a la contestación de los Demandantes y el 22 de marzo de 2019 los Demandantes presentaron su dúplica sobre la recusación.

Mediante decisión del 25 de marzo de 2019, el Secretario General de la CPA rechazó la segunda recusación presentada por la Demandada contra los miembros del Tribunal.

ACTUALIZACIÓN DE LAS COSTAS DEL ARBITRAJE

Si bien el Tribunal había solicitado oportunamente a las Partes que presenten sus respectivos escritos de costas (en noviembre y diciembre de 2016), una serie de incidencias procesales posteriores generaron costos adicionales. En consecuencia, mediante carta del 2 de enero de 2019, el Tribunal solicitó a las Partes que presentaran sus escritos de costas actualizados, a más tardar el 14 de enero de 2019.

El 14 de enero de 2019, las Partes presentaron simultáneamente sus Escritos de Costas Actualizados, los cuales fueron circulados por la CPA al Tribunal y a la contraparte el 15 de enero de 2019.

CAPÍTULO III.PETITORIOS DE LAS PARTES

PETITORIO DE LOS DEMANDANTES

Los Demandantes solicitan al Tribunal que 14 :

Los Demandantes modificaron su petitorio en el Segundo Escrito de los Demandantes sobre la Sentencia de la Corte de Apelación del siguiente modo:

En sus comentarios posteriores a la Sentencia de la Corte de Casación, los Demandantes ratificaron la renuncia a una parte de su reclamo original, en la siguiente forma:

PETITORIO DE LA DEMANDADA

La Demandada, por su parte, solicita al Tribunal:

La Demandada modificó su petitorio en el Segundo Escrito de la Demandada sobre la Sentencia de la Corte de Apelación, de la siguiente manera:

CAPÍTULO IV. ANTECEDENTES DE HECHO

Teniendo en cuenta el mandato del Tribunal, se sintetizan a continuación los principales hechos en conexión con la controversia que se resuelve mediante el presente Laudo, para cuya expedición el Tribunal ha considerado la totalidad de los hechos y argumentos expuestos por las Partes.

LAS INVERSIONES DE LOS DEMANDANTES EN VENEZUELA

El Sr. Serafín García Armas nació el 29 de mayo de 1944, en Hermigua, Islas Canarias, Reino de España 17 . En 1961, llegó a Venezuela y comenzó su trayectoria profesional como vendedor en Frigoríficos Ordaz S.A. (“Friosa”), una sociedad distribuidora y comercializadora mayorista y minorista de alimentos 18 . Unos años más tarde, Serafín García Armas y sus hermanos adquirieron las acciones de Friosa y expandieron la actividad de la compañía a lo largo del país, instalando establecimientos para el almacenaje, venta y distribución de alimentos 19 .

En 1978, el Sr. García Armas y sus hermanos Manuel, Luis, Sebastián y Domingo García Armas crearon Delicatesses La Fuente, C.A. (“La Fuente”), una compañía dedicada a la venta minorista de productos de alta gama de panadería, pastelería, charcutería, delicatessen, bombonería, licores y otros productos nacionales e importados 20 .

En 1992, el Sr. Serafín García Armas constituyó, junto con otro socio, la sociedad Representaciones Dole, C.A. (“Representaciones Dole”). En 1994, tras la celebración de un acuerdo con la sociedad norteamericana Dole Food Company, Inc., Representaciones Dole se convirtió en la distribuidora exclusiva en Venezuela de la marca “Dole” 21 . Ese mismo año, el Sr. García Armas vendió sus participaciones en Friosa y La Fuente a sus hermanos, para dedicarse exclusivamente al sector de alimentos importados de alta calidad 22 .

En 1998, las operaciones de Representaciones Dole se trasladaron a un establecimiento ubicado en Tazón (el “Frigorífico de Tazón”), en las afueras de la ciudad de Caracas, siendo este el lugar desde el que se distribuían los productos al resto del país 23 . El Frigorífico de Tazón había sido construido con fondos públicos y estaba adscrito al Ministerio de Defensa. Conforme a un contrato de comodato, su gestión estaba encomendada al Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (el “IPSFA”) 24 , que lo arrendó a Representaciones Dole 25 .

También en 1998, las Sras. Fanny y Raquel García Gruber, hijas del Sr. Serafín García Armas, fundaron Transporte Dole, una sociedad que trabajaba exclusivamente con Representaciones Dole 26 .

En 1999, el Sr. García Armas y sus hijas, las Sras. Fanny y Raquel García Gruber, fundaron Alimentos Frisa 27 , la que continuó con la totalidad de las actividades realizadas hasta entonces por Representaciones Dole 28 . El transporte de los productos de Alimentos Frisa continuó realizándose con camiones de propiedad de Transporte Dole, cuyo uso fue cedido en comodato a Alimentos Frisa 29 y en cuya adquisición participaba Alimentos Frisa 30 .

Los Demandantes sostienen que, en el 2001, las Sras. Fanny y Raquel García Gruber transfirieron sus acciones de Alimentos Frisa a los Demandantes 31 . La Sra. Fanny García Gruber vendió asimismo sus acciones de Transporte Dole a la Sra. Karina García Gruber 32 . Según los Demandantes:

El IPSFA y Representaciones Dole firmaron varios contratos de arrendamiento para el uso de las instalaciones del Frigorífico de Tazón 35 . A partir de 2003, Alimentos Frisa reemplazó a Representaciones Dole como arrendataria 36 . El último de los contratos de arrendamiento fue suscrito el 22 de febrero de 2007 37 , cuya cláusula quinta establecía una duración de cuatro años y disponía la posibilidad de su resolución unilateral 38 , en los siguientes términos:

Según los Demandantes, en vista del crecimiento de la economía venezolana 39 y del déficit histórico de la producción alimenticia en Venezuela 40 , Alimentos Frisa invirtió, entre el 2005 y el 2009, aproximadamente USD 43,5 millones en la modernización y expansión del Frigorífico de Tazón 41 . Los Demandantes afirman que reinvirtieron los beneficios obtenidos por la empresa, además de inyectar fondos adicionales en forma de préstamos y procurar garantías para posibilitar la importación de alimentos 42 . Según los Demandantes, durante este período, Alimentos Frisa incrementó sus importaciones en un 790%, con ventas superiores a USD 300 millones anuales para diciembre de 2009 43 y un crecimiento comparativo al año 2008 de más del 82% 44 . Los Demandantes afirman que, hacia finales de 2009, Alimentos Frisa contaba con una infraestructura moderna y una extensa red de proveedores internacionales, que le permitieron consolidarse 45 y abastecer a las mayores cadenas de supermercados en Venezuela 46 . Era tanto el principal importador de fruta como el primer importador de productos de mar congelados en Venezuela 47 . Añaden los Demandantes que estos productos no eran de primera necesidad, bajo la regulación aplicable 48 y que Alimentos Frisa no estaba, por ende, expuesta a control o regulación de precios por parte del Gobierno 49 .

Ante su crecimiento y la limitación en la capacidad de sus cavas, los Demandantes desarrollaron a principios de 2009 el proyecto de construcción de un nuevo frigorífico (como extensión del Frigorífico de Tazón, que seguiría en funcionamiento) 50 en Charallave (el “Nuevo Frigorífico”) y contrataron a Ramón Vizcaíno a través de Agrofino C.A., una compañía de propiedad exclusiva de los Demandantes 51 .

Los Demandantes afirman que preveían que el Nuevo Frigorífico estaría en funcionamiento durante la primera mitad del 2012, incrementando en al menos 3,2 veces la capacidad de almacenamiento y la eficiencia del Frigorífico de Tazón, requeridas para representar marcas internacionales y extender el abastecimiento a “medianos supermercados” 52 . Ello era conforme a su proyecto de expansión de oferta de productos y cartera de clientes, en implementación al tiempo de la adopción de las Medidas 53 .

Así, los Demandantes estimaban también que las ventas de Alimentos Frisa se duplicarían a corto plazo y se cuadriplicarían en el plazo de cinco años 54 . Los Demandantes afirman que Alimentos Frisa invirtió, durante 2009, USD 12,2 millones en este proyecto. No obstante, a mayo de 2010, según la Demandada, debido a que supuestamente los Demandantes no habían realizado el pago adelantado del 30% del proyecto de construcción que se había pactado con Ramón Vizcaíno, las labores de construcción del Nuevo Frigorífico no habían empezado 55 .

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO VENEZOLANO EN LAS OPERACIONES DELOS DEMANDANTES

En abril del 2003, el Ejecutivo Nacional venezolano creó la sociedad mercantil Mercados de Alimentos, C.A. (“Mercal”), dedicada al abastecimiento de alimentos para la población más necesitada, a través de una red de distribución sin intermediarios que permitiese ofrecer los productos a precios más reducidos 56 .

En el mismo año 2003, se promulgó la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (la “Ley de Silos”), para regular el control de los productos transportados, imponiendo la obligación de obtener una guía de movilización para autorizar “el traslado de los productos agrícolas del campo hasta los centros de almacenamiento”, donde se debía consignar la información básica de la carga que se transportaba 57 . La Ley de Silos surgió como resultado de la reforma constitucional de 1999. En concreto, la Demandada señala que, desde 1999, existió un compromiso por parte del Gobierno venezolano de garantizar el acceso a una alimentación segura 58 , centrando su atención en las capacidades de almacenamiento, especialmente refrigerado y transporte 59 . La relevancia de estas funciones hizo que las actividades vinculadas al sector alimenticio fueran objeto de una mayor supervisión y control por parte del Estado.

Uno de los organismos encargados de este proceso de control es la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (la “SADA”), la cual está facultada para ejecutar las políticas dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con el objeto de “garantizar la distribución justa y equitativa en materia de producción nacional e importación de alimentos”. La SADA se rige por la Ley de Silos 60 y por la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de 2008 (la “Ley de Seguridad Agroalimentaria”) 61 .

En el 2009, según los Demandantes, se adoptó una política de Estado que “puso en la mira a toda la industria privada de alimentos en Venezuela” 62 . Como resultado de esta política, a comienzos de 2010, se iniciaron procesos sancionatorios que afectaron a “importantes empresas” del sector alimenticio 63 y, en marzo, se anunció la ampliación de la red Mercal 64 . Así, se ordenó la apertura de más de mil nuevos puntos de venta, lo que requería, según los Demandantes, ampliar la capacidad de almacenes frigoríficos y un aumento de la capacidad de distribución de la mercadería del Gobierno 65 .

El 16 de mayo de 2010, el entonces Presidente Hugo Chávez declaró públicamente:

La decisión de ampliar la red Mercal fue seguida, según los Demandantes, de una intensificación en las inspecciones de empresas a nivel nacional, con “expresa venia presidencial”, dirigidas por la SADA y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (el “INDEPABIS”) 68 . El fin de estas inspecciones era, supuestamente, verificar y asegurar la distribución de alimentos, con base en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios de 2008 (la “Ley de Bienes y Servicios”) 69 y la Ley de Seguridad Agroalimentaria 70 . Según los Demandantes, tales inspecciones eran parte de este modus operandi, consistente en efectuar acusaciones de supuestas irregularidades como fundamento para imponer medidas preventivas que se perpetuaban 71 , como sucedió con varias empresas de alimentos así confiscadas 72 .

El artículo 118 de la Ley de Bienes y Servicios facultaba a los funcionarios del INDEPABIS para dictar medidas preventivas a que hubiere lugar antes de que se diese inicio a un procedimiento sancionador, en el curso de una fiscalización, cuando

La Ley de Bienes y Servicios fue reformada el 23 de abril de 2009, para ampliar las obligaciones de información sobre todos los bienes y servicios comercializados, e incrementó la supervisión y control de la actividad de comercialización y distribución a todo tipo de alimentos, no solo a aquellos declarados de primera necesidad 74 . En enero de 2010, se modificó nuevamente para dar al INDEPABIS mayores facultades para dictar y ejecutar medidas preventivas en favor del interés individual o colectivo, ante un incumplimiento u omisión de obligaciones relacionadas con la importación, transporte, distribución y comercialización de todo tipo de bienes 75 .

El 13 de mayo de 2010, funcionarios de la SADA se hicieron presentes en el Frigorífico de Tazón, donde ambas Compañías funcionaban, para llevar a cabo una inspección 76 . De acuerdo con la Demandada, la SADA efectuó la inspección en el marco de sus competencias 77 . Según los Demandantes, mediante esta inspección comenzó la expropiación de las Compañías 78 .

En el curso de la inspección del 13 de mayo de 2010, los inspectores solicitaron información relativa a uno de los camiones que transportaba carga de Alimentos Frisa. Según los Demandantes, Alimentos Frisa, al contrario de la acusación genérica del INDEPABIS 79 , operaba con guías de movilización 80 , y el INDEPABIS no volvió a solicitarlas 81 . Según los Demandantes, la guía de movilización debida fue entregada a las autoridades 48 horas hábiles después 82 . Los Demandantes añaden que la Demandada no ha contradicho que no hubo forjamiento alguno de la guía de movilización 83 . En contraste, de acuerdo con la Demandada, la ausencia de guías de movilización ha sido reconocida por los Demandantes, quienes pretenden haber subsanado su incumplimiento con posterioridad, poniendo su interés económico por encima del ordenamiento jurídico 84 , conforme al cual tal falta no es subsanable, por tratarse de un “requisito de orden público” 85 . La Demandada alega que la ausencia de guías no se limitaba a “una” sola guía, sino que se trataba de una “situación generalizada” que justificaba las Medidas 86 , como consta en el acta de inspección, aportada por los Demandantes, habiendo sido suscrita sin reservas por el Gerente de Alimentos Frisa 87 .

La SADA dictó ese mismo día, en un acta de inspección 88 , una medida preventiva de suspensión de la comercialización y retención preventiva de los productos almacenados 89 , en los siguientes términos:

El 14 de mayo de 2010, funcionarios de la SADA volvieron al Frigorífico de Tazón y posicionaron soldados armados de la Guardia Nacional Bolivariana frente a las cavas operadas por Alimentos Frisa, cuya presencia era, en opinión de la Demandada, rutinaria 91 .

El 19 de mayo de 2010, funcionarios de la SADA, del INDEPABIS, del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (el “INSAI”) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (el “SENIAT”), así como unos veinte soldados de la Guardia Nacional Bolivariana 92 , acudieron al Frigorífico de Tazón y continuaron la inspección 93 . Según los Demandantes, a pesar de haber entregado la guía de movilización faltante, el 17 de mayo de 2010, en contravención del artículo 147 de la Ley de Seguridad Agroalimentaria 94 y sin que Alimentos Frisa hubiera entregado aún ninguno de los documentos requeridos en el Acta del 13 de mayo de 2010 95 , los funcionarios en cuestión prosiguieron con la inspección, amedrentando a los empleados administrativos 96 .

Como resultado de las inspecciones, INDEPABIS emitió un acta de inspección, mediante la cual dictó la “medida preventiva de comiso inmediato de la cantidad aproximada de 1225,91 TM, alimentos discriminados de acuerdo con el inventario ” siguiente (la “Medida Preventiva de Comiso”) 97 :

El acta de inspección del INDEPABIS señaló, a continuación:

Según los Demandantes, las Medidas adoptadas en el acta tenían por “objetivo subyacente” la utilización de los inventarios de Alimentos Frisa para abastecer la red Mercal 99 . Los Demandantes agregan que, durante la inspección, las presuntas inconsistencias encontradas resultaron consecuencia de un relevamiento incompleto, como sucedió con las cavas precintadas por la SADA el 13 de mayo de 2010 y no inspeccionadas por el INDEPABIS el 19 de mayo de 2010, las cuales contenían mercadería descubierta paulatinamente 100 .

De acuerdo con la Demandada, las Medidas se justificaban no solo en virtud de las inconsistencias corroboradas por el INDEPABIS, sino también por irregularidades, relativas a sobreprecios y salubridad 101 . Conforme a la Demandada, tales inconsistencias, reconocidas por los Demandantes, se derivan de los incumplimientos de Alimentos Frisa 102 , como lo evidencia el levantamiento de inventarios contenido en actas firmadas por el Sr. Zandarín sin reserva 103 y la ausencia de documentación de respaldo de los productos comercializados por Alimentos Frisa 104 , en virtud de todo lo cual las medidas del INDEPABIS estarían justificadas 105 .

Serafín García Armas declaró que luego de la “ocupación y operatividad temporal” de Alimentos Frisa, contactó a los proveedores y clientes para explicar lo ocurrido y cancelar los pedidos pendientes 106 .

El 21 de mayo de 2010, el INDEPABIS dictó la Providencia Administrativa No. 181 (la “Providencia Administrativa No. 181”) 107 , señalando lo siguiente:

Mediante la Providencia Administrativa No. 181, el INDEPABIS: (i) confirmó la Medida Preventiva de Comiso adoptada el 19 de mayo de 2010; (ii) ordenó colocar los alimentos descritos en el acta de inspección del 19 de mayo de 2010 a la orden de Mercal, que sería “la institución responsable de verificar el inventario y ejecutar las acciones para la colocación de los rubros en beneficio de las personas ”; (iii) acordó dictar una medida preventiva de “ocupación y operatividad temporal ” de Alimentos Frisa por un periodo de 90 días; y (iv) designó una Junta Administradora Temporal de Alimentos Frisa (la “Junta Temporal”), integrada por la Sra. Montilla Labrador, funcionaria del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (el “MINCO”) 109 , el Sr. Díaz León, funcionario de la SADA 110 , y el Sr. Miguel Bolívar, funcionario del Mercal 111 , “para que de manera conjunta ejerzan todos los actos de administración de la empresa, pudiendo abrir cuentas en cualquier entidad bancaria” a nombre de Alimentos Frisa, “movilizar y cerrar las cuentas bancarias cuyo titular sea [Alimentos Frisa], así como toda cuenta que posea la empresa”, quedando “la operatividad y administración” de Alimentos Frisa bajo la responsabilidad de estas personas 112 .

Según los Demandantes, esta Junta Temporal asumió pleno control de la operatividad y administración de Alimentos Frisa y de Transporte Dole 113 . En particular, cuestionando la credibilidad de los testigos de la Demandada, el Sr. Díaz León y la Sra. Montilla Labrador 114 , y poniendo énfasis en la alegada falta de cooperación del Sr. Díaz León con el Tribunal 115 y ciertas “inverosimilitudes” de su testimonio 116 durante la Audiencia, los Demandantes alegan que la función de la Junta Temporal no estaba limitada a “coadyuvar” en la administración de las Compañías y se extendía a decidir sobre despachos de mercadería de Alimentos Frisa, una función que el Sr. Díaz Léon le atribuyó a Mercal, en contradicción con su testimonio escrito 117 . Las inconsistencias del Sr. Díaz León evidenciaron que, conforme a lo registrado en las propias actas de la Junta Temporal, ella abrió cavas precintadas, no inspeccionadas el 19 de mayo de 2010, y despachó la mercadería paulatinamente encontrada 118 . Además, los Demandantes señalan que la función de administración ejercida por la Junta Temporal, sistemáticamente negada por el Sr. Díaz León, es reconocida expresamente por el testimonio de la Sra. Montilla Labrador 119 , quien, al margen de las varias contradicciones con su testimonio escrito 120 , afirmó que las instrucciones de los Ministros y autoridades superiores eran recibidas por escrito, en contra de lo declarado por el Sr. Díaz León 121 .

Por su parte, la Demandada argumenta que la Junta Temporal cumplió con sus objetivos de supervisar y brindar acompañamiento a los Demandantes, como lo evidencian las “repetidas reuniones” sostenidas entre la Junta Temporal y el Gerente General de Alimentos Frisa 122 , en el marco de un proceso de regularización de las actividades empresariales de los Demandantes 123 , cuya continuación era responsabilidad de la Junta Temporal 124 . Agrega que los verdaderos fundamentos de la Providencia Administrativa No. 181, adoptada “respetando los lapsos procesales establecidos”, han sido omitidos por los Demandantes, quienes tergiversan su contenido 125 . Asimismo, aduce que la Junta Temporal estaba obligada a rendir cuentas solamente a “los entes competentes de la República” y, por lo tanto, no tenía obligación de rendir cuentas a Alimentos Frisa sobre el inventario decomisado, el cual fue puesto automáticamente a disposición de Mercal, que era la entidad competente para vender a terceros privados la mercancía decomisada, incluyendo no solamente productos de primera necesidad 126 .

El 25 de mayo del 2010, el MINCO y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación concurrieron a las instalaciones del Frigorífico de Tazón y manifestaron en una conferencia de prensa lo siguiente:

El 3 de junio del 2010, el IPSFA terminó el contrato de arrendamiento con Alimentos Frisa y ordenó el desalojo de las instalaciones del Frigorífico de Tazón dentro de los quince días siguientes a la notificación de esa decisión, alegando que el Estado Nacional había terminado el contrato de comodato que le permitía al IPSFA arrendar el Frigorífico de Tazón. Los Demandantes alegan que el Estado no rescindió el contrato de comodato sino hasta el año siguiente, en concreto el 25 de abril de 2011 128 .

El 7 de junio del 2010, funcionarios del INDEPABIS realizaron una nueva inspección sobre los vehículos de Transporte Dole y, alegando falta de documentación, mediante un acta de inspección del mismo día, dictaron una medida preventiva de retención de la totalidad de los vehículos de Transporte Dole, los que fueron puestos bajo la administración de la Junta Temporal 129 . Alegando que los Demandantes no han cumplido con la carga de la prueba 130 , la Demandada niega haber tenido bajo su control a los vehículos o haber adoptado medidas tales como reemplazar los logos de Transporte Dole por los de Mercal 131 .

El 14 de julio de 2010, el INDEPABIS dictó la Providencia Administrativa No. 208 (la “Providencia Administrativa No.208”), mediante la cual confirmó la medida preventiva de retención de la flota de Transporte Dole 132 .

Con respecto a las medidas adoptadas en contra de Alimentos Frisa, el 24 de mayo de 2010 ella presentó su oposición a la Medida Preventiva de Comiso 133 y aportó pruebas mediante un escrito del 28 de mayo de 2010, según alegan los Demandantes, dentro del plazo probatorio correspondiente 134 . La Demandada observa que no se aportó toda la información requerida en esa ocasión 135 , ni tampoco el 7 de junio de 2010 136 . La oposición fue rechazada el 26 de agosto de 2010 por la Sala de Sustanciación del INDEPABIS 137 . El 9 de junio de 2010, Alimentos Frisa presentó un Recurso Jerárquico contra la Providencia Administrativa No. 181, ante el MINCO, solicitando su nulidad absoluta, así como la restitución de la administración natural de Alimentos Frisa, para retomar las operaciones 138 . Los Demandantes afirman que ese recurso nunca fue resuelto 139 . Según la Demandada, el proceso finalizó mediante silencio administrativo 140 .

El 19 de agosto de 2010, el INDEPABIS prorrogó por 90 días adicionales la medida de ocupación y operatividad temporal sobre Alimentos Frisa y el mandato de la Junta Temporal 141 . Alimentos Frisa interpuso un escrito de oposición el 24 de agosto de 2010, según los Demandantes, oportunamente y cumpliendo todos los requisitos, pero fue rechazado el 26 de agosto de 2010 por la Sala de Sustanciación del INDEPABIS 142 .

El 30 de agosto de 2010, Transporte Dole interpuso ante el MINCO un Recurso Jerárquico contra la Providencia Administrativa No. 208, respecto del cual –según los Demandantes– el MINCO no emitió pronunciamiento sobre el fondo. La Demandada señala, en este sentido, que tanto Transporte Dole como Alimentos Frisa tenían abierta la vía judicial, mediante la figura del silencio administrativo 143 .

El 3 de septiembre del 2010, se celebró la Audiencia de Formulación de Cargos a la que asistieron los representantes de Alimentos Frisa y durante la cual el funcionario del INDEPABIS formuló los cargos objeto de la averiguación administrativa 144 . El 15 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Descargos, durante la cual los representantes de Alimentos Frisa presentaron sus alegatos y expusieron sus defensas escritas, los cuales fueron agregados al expediente administrativo 145 . El 20 de septiembre de 2010, Alimentos Frisa presentó un escrito de promoción de pruebas 146 , respecto del cual, el 23 de septiembre de 2010, el INDEPABIS emitió su resolución, desestimando las pruebas 147 . La Demandada observa que, transcurridos más de 20 días, el INDEPABIS no había aún resuelto sobre la imposición de la sanción, pero Alimentos Frisa no interpuso recurso alguno ante el MINCO ni acudió a la vía contenciosoadministrativa ante los tribunales venezolanos 148 .

En diciembre de 2010, la Junta Temporal entregó las cavas que utilizaban las Compañías a la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, una empresa del Estado venezolano dedicada a la comercialización y distribución de alimentos 149 .

A fines del 2013, el INDEPABIS fue eliminado mediante un Decreto 150 , y otro Decreto del 2014 dispuso que sus competencias fueran absorbidas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (la “SUNDDE”) 151 .

CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS

Según los Demandantes, el “daño principal” ocasionado por las Medidas fue la pérdida total del valor de su capital en las Compañías 152 .

Según los Demandantes, los montos en las cuentas bancarias de Alimentos Frisa ascendían a USD 47,9 millones (Bs. 103 millones) 153 .

Asimismo, los Demandantes alegan que perdieron los montos supuestamente adelantados por Serafín García Armas como depósito de garantía a los proveedores de Alimentos Frisa para importar la mercadería, los que a mayo de 2010 ascendían a USD 86,6 millones 154 . Estos depósitos eran necesarios, por cuanto, por un lado, debido a restricciones cambiarias, desde el 2003 era necesario en Venezuela obtener una autorización de adquisición de divisas de la Comisión de Administración de Divisas (la “CADIVI”) 155 para realizar compras de mercaderías en el exterior, las que podían demorarse hasta seis meses. Por otro lado, la mayoría de los proveedores no estaban dispuestos a asumir el retraso del trámite CADIVI y se requería garantizar el pago como condición para embarcar la mercadería. Por estos motivos, Serafín García Armas efectuaba depósitos en garantía a los proveedores, que le eran devueltos cuando las transferencias de divisas autorizadas por CADIVI eran abonadas por el banco respectivo desde la cuenta de Alimentos Frisa al proveedor 156 . Tras la toma de las Compañías, quedaron sin liquidar los montos en trámite ante la CADIVI y los proveedores, al no percibir el pago de los bancos, conservaron las garantías 157 .

Los Demandantes manifiestan que han perdido los préstamos que Serafín García Armas realizó a favor de Alimentos Frisa 158 , los cuales ascendían en 2009 a USD 49,6 millones (Bs. 106,7 millones) y se tornaron irrecuperables tras las Medidas 159 .

Finalmente, debido a su cancelación, las inversiones realizadas para el proyecto del Nuevo Frigorífico también se perdieron 160 .

CAPÍTULO V. DERECHO APLICABLE

DISPOSICIONES RELEVANTES DEL TRATADO

Se transcribe, a continuación, el texto de las disposiciones del Tratado más invocadas por las Partes en el presente procedimiento:

ARGUMENTOS DE LOS DEMANDANTES

Con base en el artículo XI(4) del Tratado 161 , conforme al cual las Partes han establecido como “fuentes del derecho aplicables al fondo del litigio ”, y al artículo 35(1) del Reglamento CNUDMI 162 , los Demandantes señalaron como fuentes de derecho (i) el Tratado, que opera como lex specialis 163 ; (ii) las reglas y principios del derecho internacional, que suplementan el Tratado 164 ; y (iii) el derecho venezolano, que define los derechos de propiedad de los Demandantes y al que se puede acudir, como parte del estándar internacional aplicable 165 .

En particular, los Demandantes aducen que, contrario a lo sostenido por la Demandada 166 , no es necesario determinar que haya existido una violación del derecho interno con el fin de establecer si las Medidas son violatorias del Tratado 167 , por cuanto, en suma, si bien el derecho venezolano es relevante a los efectos de caracterizar y analizar las Medidas 168 , la determinación de la existencia de tales violaciones, del Tratado y del derecho internacional en general, son regidas por el propio derecho internacional y no por el derecho interno 169 , conforme al principio codificado en el artículo 3 de los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (los “Artículos sobre Responsabilidad”) 170 , citado por la propia Demandada 171 .

ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA

La Demandada alega que las Medidas, en cuya adopción se limitó a cumplir la normativa interna, no son suficientes para ser consideradas un ilícito internacional, en sustento de lo cual cita los artículos 2 y 3 de los Artículos sobre Responsabilidad 172 .

En general, la Demandada “invoca el principio de la irresponsabilidad internacional del Estado frente a sus súbditos, un principio fundamental del derecho internacional que debe ser [tomado] en consideración por el Tribunal Arbitral en virtud del derecho aplicable a este arbitraje ” 173 . La Demandada solicita, asimismo, que los argumentos de los Demandantes en materia de responsabilidad internacional del Estado sean desestimados 174 .

En particular, la Demandada alega que la interpretación del artículo IV del Tratado debe ser efectuada “a la luz del derecho aplicable para la resolución de las controversias entre el Estado y el inversionista ” 175 , de forma tal que “las disposiciones relativas al [tratamiento justo y equitativo] deben ser interpretadas según el estándar mínimo de tratamiento del derecho internacional consuetudinario ” 176 , teniendo en cuenta que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no ha establecido “jerarquía ni prelación entre las fuentes del Derecho Aplicable al Arbitraje para constituir una violación al [Tratado].” 177

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

Conforme al Tratado 178 , el análisis de la legalidad de las medidas adoptadas por la Demandada debe hacerse a la luz de las disposiciones del propio Tratado y del derecho internacional, además de la ley nacional del Estado receptor de la inversión – en el presente caso, las leyes venezolanas –, que rigen respecto al derecho de propiedad de los Demandantes.

Efectivamente, las Partes no discrepan sobre la aplicación del derecho internacional para decidir sobre las pretensiones de los Demandantes. También es cierto que la Demandada no refutó la aplicación de las normas materiales del Tratado, ni del conjunto de normas consuetudinarias sobre inversiones internacionales. Por consiguiente, en la medida que resulten necesarias para dirimir la disputa bajo su jurisdicción, el Tribunal centrará su análisis, en primer lugar, en el Tratado y demás normas jurídicas aplicables, complementándolo, en cuanto sea necesario, con el auxilio de la jurisprudencia y doctrina relevantes, integrantes todos ellos del derecho internacional de las inversiones.

El derecho de propiedad sobre las acciones de las Compañías, de cuya expropiación los Demandantes se han agraviado, tampoco ha sido negado por la Demandada. En sus argumentos de defensa, la Demandada alegó que habrían resultado violadas ciertas normas de procedimiento relacionadas con las asambleas generales de las Compañías, sin cuestionar que esos hechos hayan afectado la propiedad de los Demandantes sobre las acciones que alegaron poseer 179 . Al igual que los Demandantes, la Demandada consideró que la titularidad de las acciones de los Demandantes se rige por el derecho interno venezolano. Por ende, las Partes coinciden en que el derecho aplicable al fondo de la controversia es el propio Tratado y las restantes fuentes referidas en su artículo XI(4).

CAPÍTULO VI. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIÓN Y DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN

En su escrito referido a la Sentencia de la Corte de Apelación, la Demandada argumentó que dicha sentencia anuló por completo la Decisión sobre Jurisdicción.

Para la Demandada, correspondería que se constituyera un nuevo tribunal arbitral, el que debería suspender la fase de fondo de este proceso, ordenar la apertura de una fase jurisdiccional y dictar una nueva decisión sobre competencia. Alternativamente, si el Tribunal siguiera adelante en su composición actual, debería adoptar las mismas medidas antes mencionadas. De no hacerlo, y de continuar adelante y pronunciarse sobre el fondo, el Tribunal tendría la obligación de (i) organizar un debate contradictorio sobre la determinación de un método adecuado y confiable para establecer el valor de las supuestas inversiones protegidas por el Tratado y (ii) de ordenar que las Partes realizaran el respectivo ejercicio valuatorio en función de dicho método.

Por su parte, los Demandantes sostuvieron que la Sentencia de la Corte de Apelación anuló únicamente la parte de la Decisión sobre Jurisdicción relativa al elemento temporal de la jurisdicción ratione materiae, ratificando expresamente el resto de la decisión y otorgándole el exequatur. Por ende, el Tribunal contaría con jurisdicción ratione personae y con jurisdicción ratione materiae, limitada a aquellas inversiones realizadas por los Demandantes cuando ya eran españoles. En consecuencia, el Tribunal debería continuar este Arbitraje ejerciendo su jurisdicción dentro de los límites que le hubiera reconocido la Sentencia de la Corte de Apelación, tomando nota sobre su contenido y pronunciarse sobre el fondo de la controversia en relación con las inversiones bajo su jurisdicción. Finalmente, como resultado de la Sentencia de la Corte de Apelación, los Demandantes ajustaron el monto de sus reclamos originales.

Tomando en consideración que la Sentencia de la Corte de Apelación resultó anulada por la Sentencia de la Corte de Casación, el Tribunal considera innecesario examinar los argumentos de las Partes respecto a la mencionada Sentencia de la Corte de Apelación, cuyos efectos jurídicos desaparecieron a partir de su casación. Por el contrario, el Tribunal analizará detalladamente los argumentos presentados por las Partes respecto de los efectos de la Sentencia de la Corte de Casación en este arbitraje.

ARGUMENTOS DE LOS DEMANDANTES

Los Demandantes argumentan que, en virtud de la anulación de la Sentencia de la Corte de Apelación por la Corte de Casación, la causa fue repuesta al estado en que se encontraba antes de dicha sentencia, es decir, con la plena vigencia de la Decisión sobre Jurisdicción emitida por el Tribunal Arbitral, la que, para los efectos de su jurisdicción, no distinguía entre las inversiones hechas por los Demandantes antes o después de la adquisición de la nacionalidad española por los respectivos inversores 180 .

Sin embargo, los Demandantes renunciaron a la parte de las inversiones realizadas por ellos cuando no tenían la nacionalidad española, en su escrito del 8 de septiembre de 2017 referido a la Sentencia de la Corte de Apelación. Por efecto de esa renuncia, los Demandantes redujeron su reclamo al valor equivalente de 4.750.000 acciones de Alimentos Frisa y 199.200 acciones de Transporte Dole 181 .

Además, los Demandantes adujeron, en su Segundo Escrito de Comentarios sobre la Sentencia de la Corte de Casación, que el Tribunal no debe suspender el proceso ya que, en el derecho francés, el Recurso de Anulación contra una decisión o laudo parcial, en un arbitraje en curso, no tiene efectos suspensivos sobre el procedimiento de arbitraje. También niegan que la decisión de la Corte de Reenvío vaya a ser emitida en un plazo breve, cuyas etapas, según los Demandantes, sumarán al menos un año 182 .

Por último, los Demandantes solicitaron al Tribunal que aclare, expresamente, que la cuestión referida a la nacionalidad y al elemento temporal de la jurisdicción ratione materiae del Tribunal, mencionada en el párrafo 214 de la Decisión sobre Jurisdicción, y cualesquiera otras manifestaciones del Tribunal en esa Decisión, respecto a la irrelevancia de la nacionalidad de los Demandantes a la fecha de realización de las inversiones para concluir si dichas inversiones se encuentran, o no, protegidas por el Tratado, son obiter dicta, pues se han vuelto abstractas a la luz de la renuncia parcial a la jurisdicción del Tribunal sobre las reclamaciones relativas a inversiones realizadas cuando los Demandantes no eran nacionales españoles. Así es ya que, según los Demandantes, el Tribunal solamente está ejerciendo su jurisdicción respecto de las inversiones de los Demandantes realizadas por estos cuando poseían la nacionalidad española 183 .

ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA

La Demandada alegó que la Corte de Casación censuró el hecho de que la Corte de Apelación anuló parcialmente la Decisión sobre Jurisdicción del Tribunal Arbitral, después de haber constatado que no se cumplía con el criterio de competencia rationae materiae previsto en el Tratado 184 . Además, la Demandada afirmó que, por razones de buena administración de justicia, el Tribunal Arbitral debería suspender la instancia arbitral hasta tanto sea resuelto el Recurso de Nulidad por la Corte de Reenvío 185 . Según la Demandada, la Corte de Reenvío no tendrá más que extraer las consecuencias legales de las constataciones de la Corte de Apelación y declarar la nulidad total de la Decisión de Jurisdicción 186 , toda vez que la Corte de Casación ha trazado una orientación, la que será ciertamente seguida por la Corte de Reenvío 187 . Ante tales razones, la Demandada solicitó la suspensión del procedimiento o de la emisión de cualquier decisión sobre el fondo de la controversia, hasta tanto la Corte de Reenvío dicte su decisión con arreglo a la Sentencia de la Corte de Casación 188 . Finalmente, la Demandada argumenta que los plazos para que la Corte de Reenvío decida la cuestión serán bastante breves, con tiempos de instrucción reducidos y la fijación de la audiencia en un plazo también breve 189 .

La Demandada añadió, en su Segundo Escrito de Comentarios, su objeción a que el Tribunal considere en este laudo la renuncia de los Demandantes a una parte de su reclamo porque la Sentencia de la Corte de Casación no confiere al Tribunal Arbitral el poder de volver sobre su Decisión sobre Jurisdicción y modificarla 190 .

Por último, la Demandada se opone al ajuste económico presentado por los Demandantes en su Escrito del 8 de septiembre de 2017, reiterado en su Primer Escrito de Comentarios sobre la Sentencia de la Corte de Casación, que la Demandada considera absurdo, por no ser posible ni razonable utilizar el número de acciones de una empresa y sus fechas de emisión para determinar qué parte del valor de la empresa fue creado antes de una determinada fecha 191 .

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

En la Decisión sobre Jurisdicción, el Tribunal Arbitral, por la mayoría de sus miembros, entendió que no resultaba relevante inquirir cuál era la nacionalidad de los Demandantes en las fechas en las que efectuaron sus inversiones en Venezuela, por cuanto, para la mayoría del Tribunal, esas fechas no constituían un factor determinante para decidir sobre la aplicación del APPRI 192 .

La Sentencia de la Corte de Apelación entendió que la jurisdicción ratione materiae requeriría también que la inversión hubiera sido efectuada cuando los Demandantes tenían la nacionalidad española; por consiguiente, dicha Sentencia declaró la ausencia de jurisdicción ratione materiae sobre las inversiones hechas por los Demandantes cuando estos no tenían la nacionalidad española.

No satisfecha con tal resultado, la Demandada interpuso un Recurso de Casación ante la Corte de Casación, cuestionando la sentencia que anuló parcialmente la Decisión sobre Jurisdicción. Frente a este recurso, la Corte de Casación anuló la Sentencia de la Corte de Apelación, declarando que

Según la Sentencia de la Corte de Casación, la jurisdicción del Tribunal Arbitral se restableció plenamente, con la anulación de la Sentencia de la Corte de Apelación. Por ende, el Tribunal Arbitral puede dictar el laudo final de este Arbitraje, ajustándose a la Decisión sobre Jurisdicción, es decir, en relación con la totalidad de las inversiones que, pudieran haber sido expropiadas por la Demandada, observando, además, los nuevos límites del reclamo de los Demandantes.

CAPÍTULO VII. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE CHILE

Al traer a este proceso la Sentencia de Chile después del cierre de la etapa probatoria, la Demandada intentó acreditar que ciertas personas que tenían vínculos con el Sr. García Armas fueron condenadas por el Poder Judicial de Chile y que los hechos sobre los que se basó la condena de tales individuos también lo implicarían a él. En la medida en que los valores reclamados por concepto de préstamos y depósitos en garantía habrían resultado consecuencia de distintos fraudes cometidos con el concurso de las personas condenadas en Chile, la Demandada sostuvo que tales créditos no serían admisibles en este Arbitraje, donde no deberían considerarse los reclamos de los Demandantes al respecto 194 .

En su análisis del argumento de la Demandada, el Tribunal consideró relevante que, desde octubre de 2015, los hechos tratados en la Sentencia de Chile ya eran de conocimiento de las Partes. Efectivamente, en su Escrito de Contestación, la Demandada manifestó que

Los Demandantes, a su vez, respondieron a tales argumentos en su Escrito de Réplica, afirmando

Así, quedó claro para el Tribunal que la Sentencia de Chile no trajo al procedimiento hechos ajenos al conocimiento de las Partes durante la etapa de intercambios principales en este Arbitraje y que no hubiesen sido objeto de debates y pruebas suficientes y oportunas.

Asimismo, el Tribunal no encuentra que la Sentencia de Chile y los elementos aportados por la Demandada acrediten los supuestos fraudes aludidos con relación a los Demandantes y las Compañías para ser considerados válidamente a los fines de este Arbitraje. A mero título de ejemplo, la Demandada no ha identificado en los hechos referidos en la Sentencia de Chile aquellos que afectarían el valor de las Compañías, ni el impacto que pudieran ellos causar en relación con los reclamos formulados por los Demandantes en este proceso.

En consecuencia, el Tribunal no tiene elementos para concluir, como lo hace la Demandada, que “la sentencia cristalizó, judicialmente, que la organización de los Demandantes y los supuestos ‘proveedores’ chilenos tenía como fin la defraudación de la República Bolivariana de Venezuela” 197 . La Sentencia de Chile presentó sus conclusiones de manera genérica 198 , sin señalar cuales habrían sido los montos realmente exportados, ni el indebido incremento de esos montos. La Demandada tampoco presentó el cálculo del valor de las Compañías afectado por la presunta conducta fraudulenta, limitándose a presentar suposiciones que no autorizan al Tribunal a extraer de ellas las conclusiones sostenidas por la Demandada.

Por consiguiente, la Demandada no ha cumplido con la carga de probar que los supuestos fraudes alegados invalidarían los reclamos presentados por los Demandantes en este proceso arbitral.

CAPÍTULO VIII. EL FONDO DE LA DISPUTA

Se sintetizan, a continuación, los argumentos aducidos por las Partes. Si bien el Tribunal ha considerado y analizado la totalidad de las alegaciones fácticas y jurídicas de las Partes, el siguiente resumen no pretende ser exhaustivo, sino solo suficiente para dar contexto al lector del análisis y las decisiones adoptadas por el Tribunal en el presente Laudo.

LA ALEGADA EXPROPIACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS DEMANDANTES

En resumen, los Demandantes alegan que la Demandada ha expropiado de forma indirecta e ilegal su inversión con la ejecución de las Medidas, en violación del artículo V del Tratado 199 .

Por su parte, en síntesis, la Demandada sostiene que no existió expropiación 200 ya que las Medidas fueron adoptadas en el ejercicio de su poder de policía, con el objeto de preservar el orden público venezolano. Asimismo, la Demandada alega que no se ejecutaron medidas arbitrarias ni hubo violación del debido proceso, sino que simplemente se cumplieron las estipulaciones previstas en la legislación venezolana. En adición, la Demandada sostiene que el cese del negocio de los Demandantes no le es atribuible a ella, sino a los propios Demandantes.

Los Demandantes sostienen que el artículo V(1) del Tratado recoge el principio de derecho internacional según el cual una expropiación puede tener lugar de forma indirecta cuando las medidas tengan “características o efectos similares” a una expropiación directa. Los Demandantes señalan que el criterio para determinar si una medida gubernamental constituye una expropiación indirecta es el efecto de la medida sobre el valor, uso o disfrute de la inversión 201 .

Aludiendo al criterio adoptado por los tribunales arbitrales en Flughafen Zurich c. Venezuela 202 , Tecmed c. México 203 , Pope & Talbot c. Canadá 204 , PSEG c. Turquía 205 y Biwater Gauff c. Tanzania 206 , los Demandantes alegan que si bien “no fueron privados formalmente de la titularidad de sus acciones, sus derechos de crédito y demás formas de participación de los Demandantes en las [Compañías]”, la Demandada “expropió las inversiones de los Demandantes a través de la ocupación física, la toma de control de la gestión y operación, la apropiación de todos los bienes y la eventual destrucción total de las operaciones de las Compañías ” 207 .

Los Demandantes agregan que, si bien la intención del Estado es irrelevante a efectos de determinar si ocurrió una expropiación, la Demandada manifestó su intención mediante el uso de “un claro lenguaje expropiatorio” 208 . Los Demandantes también observan que el carácter de una medida como regulatoria o de policía no excluye su potencial expropiatorio, por lo cual la imposición de medidas incluso de carácter preventivo, dependiendo de su impacto, desproporcionalidad, duración y arbitrariedad, como sucedió en el presente caso, pueden constituir medidas expropiatorias 209 .

Según los Demandantes, contrario a su mandato, la Junta Temporal nunca tuvo la intención de “procurar la continuidad” de las Compañías, conforme a la Providencia Administrativa No. 181 210 , sino que, por el contrario, se limitó a despachar la mercadería decomisada, disponer de los fondos y bienes de las Compañías, y desvincular empleados de la nómina, lo cual “acabó con el negocio” de los Demandantes 211 . La negligencia con que la Junta Temporal operó fue puesta en evidencia por la falta de claridad sobre cómo y de quién recibía instrucciones y sobre los despachos de alimentos realizados 212 , así como la ilegalidad de su obrar se manifestó mediante la apropiación de inventarios no sujetos a la Medida Preventiva de Comiso y la comercialización de bienes objeto de comiso, prohibida por la Ley de Seguridad Agroalimentaria 213 . Los Demandantes agregan que la ausencia de decisiones destinadas a procurar la continuidad de las operaciones de las Compañías es exclusivamente atribuible a la Junta Temporal, quien contaba con fondos suficientes, depositados en las cuentas bancarias de las Compañías, así como con los demás medios necesarios para efectuar actos típicos de administración, tales como operaciones de importación 214 .

Los Demandantes sostienen que con la emisión de la Providencia Administrativa No. 181 el 21 de mayo de 2010, se materializó la expropiación indirecta de las inversiones de los Demandantes 215 . Con esa Medida, los Demandantes perdieron el control de su inversión, debido a que el Estado tomó físicamente las Compañías, interfirió con su administración y neutralizó a sus oficiales y gerentes, sustituyendo la dirección empresarial por la propia, por lo cual, en suma, los Demandantes fueron privados del uso, goce y disfrute de sus inversiones 216 . Dado que Transporte Dole operaba en el mismo local que Alimentos Frisa, la toma de control de la segunda significó, de facto , también la de la primera 217 .

Si bien esta Medida fue definida como “temporaria”, las que la acompañaron y la sucedieron culminaron, según los Demandantes, en la destrucción total de las operaciones y bienes de las Compañías. Tales Medidas incluyeron: (i) el comiso de toda la mercadería existente en los depósitos de Alimentos Frisa y su posterior entrega al Mercal 218 ; (ii) la apropiación de los fondos existentes en las cuentas bancarias de Alimentos Frisa, cuyo destino incluyó pagos sin justificación clara 219 y cuyo manejo no fue puesto en conocimiento de los Demandantes 220 , habiendo informado a los bancos del cambio de control, con el fin de perseguir el cobro de las cuentas por cobrar con terceros 221 ; (iii) la retención de la totalidad de los vehículos de Transporte Dole sin que se determinase un plazo máximo para esta medida 222 ; (iv) la prórroga de la medida de ocupación y operatividad temporal sobre Alimentos Frisa y el mandato de la Junta Temporal por 90 días adicionales, sin que la oposición presentada por Alimentos Frisa contra esa medida fuese resuelta 223 ; (v) la entrega de las cavas de las Compañías a la empresa estatal de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas 224 ; y (vi) la ilegítima rescisión por el IPSFA del contrato de arrendamiento del Frigorífico de Tazón, bajo la “falsa causa” de que el Ministerio de Defensa había revocado el comodato, como paso final de la concertada confiscación del negocio de las Compañías 225 , pues, en cualquier caso, la Junta Temporal habría podido encontrar una nueva sede o renegociar su alquiler con el IPSFA 226 .

Los Demandantes sostienen que por medio de las Medidas se destruyó completamente el valor de sus inversiones, así como su uso y goce. Por lo cual, la Demandada efectuó una expropiación indirecta o una medida de características y efecto equivalente, en los términos del artículo V(1) del Tratado 227 .

Los Demandantes rechazan la alegación de la Demandada de que las Medidas no constituyeron una expropiación porque eran de carácter regulatorio y fueron adoptadas para proteger el orden público, tras comprobar la existencia de irregularidades en las Compañías 228 . Los Demandantes advierten que los actos presuntamente regulatorios persiguen “ocultar la conducta expropiatoria bajo un manto de legitimidad ” y deben ser caracterizados como expropiatorios 229 .

Los Demandantes aseveran que la naturaleza expropiatoria de las Medidas fue manifestada reiteradamente por el Gobierno. En particular, aluden a los discursos del Presidente Chávez acerca de la necesidad que había de ampliar la red Mercal y a los titulares de la prensa 230 . Además, la Providencia Administrativa No. 181 indica que la justificación para ocupar temporalmente Alimentos Frisa fue que “el pueblo disponga de alimentos que allí se comercializa” y “no adecuar su actividad en la cadena de producción a las necesidades del mercado” 231 .

Según los Demandantes, a diferencia de la adopción de medidas para la protección de la seguridad alimentaria y el derecho a disponer de bienes y servicios –las cuales pueden culminar en una expropiación previo el pago correspondiente al legítimo propietario, en aras de un interés público–, la Demandada pretendió conseguir ese mismo resultado gratuitamente y sin seguir el procedimiento expropiatorio correspondiente 232 .

Los Demandantes manifiestan que las autoridades venezolanas condujeron numerosas medidas de intervención y de decomiso de las Compañías tras el anuncio, en el 2010, de la ampliación de la red estatal Mercal para la distribución y comercialización de productos de primera necesidad a precios subsidiados. Después del anuncio, en mayo y junio de 2010, tuvieron lugar las correlativas inspecciones dirigidas por la SADA y el INDEPABIS 233 . Según los Demandantes, a raíz de dichas inspecciones, se adoptaron las Medidas que materializan la expropiación efectuada por la Demandada 234 .

Los Demandantes critican las inspecciones de las Compañías, conforme al modus operandi seguido con otras empresas privadas de alimentos, cuyo verdadero objetivo no era sancionar presuntas irregularidades, sino abastecer gratuitamente a los Mercales 235 . Entre otras, ponen énfasis en las siguientes inconsistencias en el acta de inspección del 19 de mayo de 2010, que sirvió de base a la Providencia Administrativa No. 181:

Los Demandantes alegan que la Providencia Administrativa No. 181 no le imputó a Alimentos Frisa conductas tipificadas en la Ley de Bienes y Servicios, ni estableció la comisión de otras presuntas irregularidades por parte de ella, incluyendo el fraude cambiario, falsificaciones y contrabando insinuados por la Demandada. El 19 de agosto de 2010, se inició el procedimiento administrativo sancionatorio contra Alimentos Frisa 247 . Los Demandantes manifiestan que el INDEPABIS simplemente alegó que la empresa había violado el inciso 17 del artículo 8 de la Ley de Bienes y Servicios 248 , pero esta ilicitud no se relacionó con ninguna de las conductas supuestamente acreditadas en las inspecciones contra Alimentos Frisa 249 . Lo mismo sucedió en las audiencias de formulación de cargos y en la de descargo, realizadas el 3 de septiembre 250 y el 15 de septiembre del 2010 251 .

Los Demandantes sostienen que la Demandada se amparó en las facultades de inspección y sanción previstas en la Ley de Bienes y Servicios para ejecutar las mencionadas acciones, pero que, en realidad, fue una excusa para apropiarse de las Compañías 252 , siendo prueba de ello la permanencia de facto de las medidas preventivas sin mediar procedimiento administrativo sancionador contra Transporte Dole ni resolución o avance en el iniciado contra Alimentos Frisa 253 . Estas circunstancias, alegan los Demandantes, tornan a las Medidas adoptadas por la Demandada en desproporcionadas 254 . En particular, los Demandantes alegan que los funcionarios de la SADA se basaron en una única irregularidad, supuestamente establecida en la inspección del 13 de mayo de 2010, para ordenar en el acto una medida preventiva de suspensión de actividades contra Alimentos Frisa, que, en la práctica, resultó en la interrupción total y permanente de las actividades de las Compañías 255 . Por lo tanto, las Medidas adoptadas fueron desproporcionadas 256 , irrazonables 257 , arbitrarias 258 y vulneradoras del debido proceso 259 y del principio de legalidad 260 . Por lo anterior, según los Demandantes, las Medidas no constituyeron un ejercicio legítimo del poder regulatorio o de orden público como sostiene la Demandada, sino una expropiación indirecta y, por ende, ilegal 261 .

Los Demandantes consideran infundada la teoría de que el Sr. García Armas abandonó el negocio, esgrimida por la Demandada para justificar el cese de las actividades de Alimentos Frisa 262 . Por un lado, los Demandantes niegan que, tras la promulgación de la Providencia Administrativa No. 181, el Sr. García Armas cancelara los pedidos con sus proveedores. Alegan que los contactó para informarles de la situación y que ya no garantizaría con fondos propios las órdenes pendientes o futuras de Alimentos Frisa 263 . Por otro lado, atendiendo a la declaración del Sr. Díaz León, el Sr. Zandarín tampoco abandonó su cargo de gerente general de Alimentos Frisa, sino que continuó en su cargo hasta que la empresa dejó de operar en el 2010 264 , luego de que la Junta Temporal dejó de hacer presencia en la compañía, hacia mediados de septiembre de 2010 265 . Según explican los Demandantes,

La Demandada sostiene que los derechos y garantías regulados por el artículo V del Tratado deben ser entendidos conjuntamente con el artículo XI(4) del Tratado, el cual impone una interpretación basada en el Tratado, las reglas y principios de derecho internacional y el derecho venezolano. Según la Demandada, las supuestas inversiones de los Demandantes no se encuentran protegidas por el Tratado por no haber sido realizadas de conformidad con el derecho venezolano sino actuando de mala fe a través del fraude 267 , que la Demandada alega como un comportamiento habitual de los Demandantes 268 y que afecta tanto a la jurisdicción del Tribunal como al fondo de la controversia 269 .

En relación con lo anterior, la Demandada señala que las Medidas fueron adoptadas como consecuencia de las ilegalidades e irregularidades de las Compañías y no pueden ser interpretadas como una expropiación o medida con efectos equivalentes a una expropiación 270 . Sin discutir que la imposición de las Medidas sea atribuible al Estado, la Demandada niega haber vulnerado obligación internacional alguna 271 .

La Demandada se ampara en los comentarios a los Artículos sobre Responsabilidad con el propósito de aclarar que, para que pueda entenderse incumplida una obligación internacional, es preciso que se produzca una conducta contraria a los derechos de otros 272 . Así, la Demandada sostiene que no existe el derecho a que no se investiguen irregularidades apreciadas por los órganos públicos encargados de controlar el cumplimiento de la legalidad. Según la Demandada, los Demandantes fueron tratados como cualquier otra empresa, nacional o internacional, y los Demandantes tenían derecho a elevar sus quejas frente al funcionamiento de los órganos administrativos ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero decidieron no hacerlo 273 .

La Demandada niega que las inspecciones de las Compañías y las Medidas que resultaron a consecuencia de tales inspecciones fueran meras excusas para intervenir las Compañías, decomisar las mercancías, abastecer al Mercal y apropiarse de los montos de sus cuentas bancarias. Por el contrario, las inspecciones que se llevaron a cabo en las Compañías confirmaron (i) la existencia de inconsistencias entre el inventario de productos y el físico 274 ; (ii) la ausencia de las guías de movilización que justificasen las toneladas de mercancía almacenadas, en contravención de la Ley de Silos 275 ; (iii) el incremento de los precios de productos almacenados en un 286% 276 ; (iv) la existencia de elementos contaminantes en las cavas 277 ; y (v) la falta de información solicitada por los inspectores 278 .

La Demandada afirma, por el contrario, que nunca tuvo interés en expropiar las Compañías y que no ha tomado ninguna medida contraria a las potestades legítimas de policía del Estado 279 . Sobre esta base, la Demandada insiste en que las Medidas no pueden ser calificadas como expropiatorias por las siguientes razones:

La Demandada afirma que adoptó las Medidas en ejercicio de sus atribuciones legítimas de poder de policía 309 , como consecuencia de las irregularidades constatadas en las Compañías de los Demandantes y en protección del interés general, dándose una situación muy similar a la ocurrida en el caso Methanex c. Estados Unidos 310 . Además, según la Demandada, la imposición de las Medidas no condujo a la pérdida del control o de la gestión de las Compañías. En consecuencia, la Demandada afirma que se demuestra la inexistencia de una expropiación, por no haberse cumplido los requisitos para que esta exista y, por ello, rechaza el argumento de los Demandantes sobre expropiación ilegal 311 .

La Demandada agrega que el principio de “ejercicio razonable y de buena fe del poder de policía en relación con el mantenimiento del orden público, la salud o la moralidad” ha sido reconocido por “un gran número de decisiones ” 312 y que en el presente caso no se da ninguna de las hipótesis planteadas por los Demandantes, en el sentido que las Medidas presuntamente obedecieron a una intención de expropiar “bajo un manto de legitimidad” 313 . Por el contrario, las Medidas fueron “la expresión legítima” de los poderes de policía de la Demandada 314 , con el fin de proteger el “bien jurídico de seguridad alimentaria” y “en respuesta a las repetidas y graves violaciones de los Demandantes del ordenamiento jurídico venezolano” 315 .

La Demandada rechaza haber admitido que las Medidas constituían una expropiación, como pretenden los Demandantes. Las referencias a la expropiación que se deducen de la carta del 25 de septiembre de 2013 316 , emitida por los representantes de la Demandada y dirigida a la CPA, serían mero sustento para la aplicación de una determinada normativa, sin afirmar o negar que la expropiación hubiera tenido lugar 317 .

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Demandada sostiene que actuó en todo momento dentro del ámbito de su normativa, siguiendo el procedimiento previsto en defensa del interés general 318 . Por lo tanto, la Demandada alega que no se han implementado medidas equivalentes a una expropiación y niega que expropiar fuera su motivo oculto 319 .

Los Demandantes indican que el artículo V(1) del Tratado establece que una expropiación lícita será considerada como tal si se realiza (i) “exclusivamente por razones de utilidad pública”, (ii) “conforme a las disposiciones legales”, (iii) “de manera no discriminatoria”, y (iv) “con una compensación al inversor […] de una indemnización pronta, adecuada y efectiva” 320 . Los Demandantes sostienen que la expropiación es ilícita si la Demandada no cumple con todos los requisitos 321 .

Según los Demandantes, conforme al Tratado y la jurisprudencia 322 , los requisitos de legalidad de la expropiación se aplican tanto en supuestos de expropiación directa como indirecta 323 . Así, los Demandantes señalan, a modo de ejemplo, que un Estado puede tomar medidas regulatorias por razones de utilidad pública, siguiendo el procedimiento establecido y acordando compensación por el perjuicio causado a las inversiones sacrificadas, y así expropiar indirectamente, pero de forma legal. No obstante, los Demandantes afirman que, en el presente caso, la expropiación es indirecta e ilegal porque (i) existió la motivación expropiatoria del Estado 324 , pese a que la Demandada formalmente no se apropiase de la titularidad de la participación accionaria de los Demandantes en las Compañías y demás inversiones, y (ii) no se siguió el procedimiento correspondiente ni se compensó a los inversionistas por el perjuicio causado 325 .

Los Demandantes señalan que la Demandada utilizó instrumentos jurídicos impropios para hacerse con las Compañías 326 y que violó las disposiciones de las leyes alimentarias, el principio de proporcionalidad 327 , el derecho de defensa 328 y el principio de legalidad 329 . En particular, los Demandantes mencionan que:

La Demandada analiza los requisitos para que exista una expropiación legal de acuerdo con el artículo V(1) del Tratado, para cuya interpretación invoca el artículo 31(3)(c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, conforme al cual, la Demandada observa, que es necesario tener en cuenta las reglas aplicables del derecho internacional consuetudinario 336 . Según la Demandada, los requisitos para que exista una expropiación legal conforme al Tratado son la existencia de un interés general de utilidad pública que justifique la medida, el cumplimiento del debido proceso y la ausencia de discriminación 337 . La Demandada alega que la necesidad de pagar una indemnización pronta, adecuada y efectiva conforme al Tratado es una consecuencia de la existencia de una expropiación, y no un requisito para la declaración de la legalidad de la medida de carácter expropiatorio 338 . Sobre la base de lo anterior y a la luz del artículo V del Tratado, la Demandada considera que es irrelevante si la toma fue realizada mediante expropiación directa o indirecta 339 .

No obstante lo anterior, la Demandada alega que las Medidas son el resultado del ejercicio del poder de policía del Estado, conforme al derecho internacional consuetudinario 340 y, por ende, no son equivalentes a una expropiación, ni indirecta ni ilegal 341 .

En adición, la Demandada manifiesta que ha previsto en su derecho interno la posibilidad de expropiar cuando el interés público lo requiera y, en este caso, las Medidas no se ajustan al concepto de expropiación bajo derecho venezolano, porque no se ha producido una transferencia ni total ni parcial de las Compañías 342 .

La Demandada manifiesta, asimismo, que el Estado ha previsto en su derecho interno regular y realizar actos de ejecución de sus regulaciones y corregir las irregularidades que se constaten, cuando así lo considere necesario. Así, la medida adoptada por el INDEPABIS el 21 de mayo de 2010 se debió a las importantes irregularidades constatadas durante las inspecciones a Alimentos Frisa el 13 de mayo y 19 de mayo de 2010. Similar situación se constató para Transporte Dole el 19 de mayo y el 7 de junio de 2010 343 .

Según la Demandada, de acuerdo al derecho internacional, las Medidas no implicaron la transferencia de propiedad de los Demandantes al Estado, ni tampoco de forma indirecta, a través de “medidas con efectos similares”. En este sentido, la Demandada cita al Prof. De Nanteuil, para justificar que las medidas de interés público –como las adoptadas por la Demandada– escapan al concepto de expropiación indirecta 344 .

Los Demandantes afirman que incumplir el requisito del Tratado de que una expropiación vaya acompañada de una indemnización es suficiente para establecer la ilegalidad de una expropiación. En particular, sostienen que la falta de pago de una indemnización por parte de la Demandada resulta en una expropiación ilícita conforme al principio de derecho internacional según el cual la indemnización por los bienes expropiados ha de ser “pronta” y “sin demora”, el cual se encuentra explícitamente consagrado en el artículo V del Tratado y ha sido adoptado, entre otros, por los tribunales arbitrales en Owens-Illinois c. Venezuela 345 y Burlington c. Ecuador 346 .

Los Demandantes añaden que el tribunal de Owens-Illinois c. Venezuela concluyó que la falta de pago de indemnización por parte de la Demandada durante más de cuatro años desde la fecha de la expropiación constituía una demora injustificada y excesiva, lo que generaba de su parte una expropiación ilícita 347 .

Según los Demandantes, la Demandada no niega que no ha pagado ni ofrecido indemnización a los Demandantes por la expropiación de sus inversiones en las Compañías; dicha omisión indefectiblemente convierte la expropiación en ilegal 348 .

La Demandada asegura que cumplió los requisitos de legalidad y respetó el debido proceso 349 , dado que las Medidas se adoptaron en clara defensa del interés público 350 . La Demandada observa que la única objeción que podría darse es no haber compensado adecuadamente 351 . En este sentido, la Demandada manifiesta que, si el requisito legal que se entendiera incumplido bajo el Tratado fuere el de la falta de compensación, dicha ausencia no torna la expropiación en ilegal puesto que la indemnización es una consecuencia garantizada por el Tratado de la existencia de una expropiación, no un requisito para la declaración de la legalidad de la medida de carácter expropiatorio 352 .

Subsidiariamente, la Demandada insiste en que, en el caso de que el Tribunal entendiera que los Demandantes deben ser compensados por el efecto expropiatorio de las Medidas, debería aceptarse que esta compensación se realice con arreglo al Tratado 353 . También ha aducido, a título subsidiario, que se tendría que reducir la compensación en razón de la falta de mitigación de los supuestos daños y la culpa concurrente de los Demandantes 354 , de tal forma que, dada la alegada gravedad del comportamiento de los Demandantes, la “reducción debería superar el 75% ” 355 .

Dispone el artículo V del Tratado:

De lo dispuesto en el artículo del Tratado supra mencionado, resulta que la Parte Contratante mantiene la prerrogativa de expropiar inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante, en tanto lo haga de acuerdo con las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y otorgando al inversor una compensación pronta, adecuada y efectiva. Además, la compensación debe ser abonada sin demora, en moneda convertible, ser efectivamente realizable y libremente transferible, conforme a las reglas del propio Tratado.

No escapa a la protección del Tratado la adopción de medidas de características o efectos similares a una expropiación legal, por una de las Partes Contratantes, aunque sin observar los procedimientos para ello establecidos en sus leyes nacionales. En otras palabras, estando protegidas por el Tratado las inversiones eventualmente sujetas a una expropiación según los ritos legales, medidas de efecto equivalente que conduzcan a una expropiación sin observar dichos ritos también deben, a fortiori , someterse a las reglas del Tratado, como resulta de su espíritu y de su propia letra; si así no fuese, la protección otorgada por el Tratado carecería de efectividad. Bajo esa perspectiva, el Tribunal analizará los hechos sometidos por las Partes a su apreciación.

El Tribunal entiende que las medidas preventivas de decomiso, ocupación y operatividad temporal ejecutadas por la Demandada en contra de Alimentos Frisa, confirmadas por la Providencia Administrativa No. 181 del 21 de mayo de 2010 y la medida preventiva de retención de los medios de transporte en Transporte Dole, confirmada por la Providencia Administrativa No. 208 del 14 de julio de 2010, llevaron al cese de las actividades de las Compañías sin el consentimiento de los Demandantes, privándoles del uso y goce de su propiedad.

Aun si se considerase que la Demandada pudiera no haber tenido la intención de expropiar los bienes de los Demandantes, las medidas adoptadas excedieron largamente los objetivos mencionados en las Providencias Administrativas Nos. 181 356 y 208 357 . Y los efectos de las medidas preventivas resultaron, sin margen de duda, en una expropiación indirecta de las Compañías.

La expropiación se concretó a partir de la toma de control físico de las Compañías, la cual adquirió efectos permanentes en virtud de la actuación de los agentes de la Demandada. Efectivamente, la Providencia Administrativa No. 181 preveía una duración de 90 días para la Medida de Intervención, la que fue prorrogada por 90 días adicionales 358 . En este plazo, la Junta de Administración envió los productos de Alimentos Frisa a la red Mercal y a otras localidades, tomó posesión de los fondos de cuentas bancarias de las Compañías y no trató de dar continuidad a las importaciones y las actividades de Alimentos Frisa 359 . Los Demandantes se vieron impedidos de ejercer la gestión de las Compañías, cuyas actividades comerciales fueron completa y definitivamente suspendidas, resultando en la pérdida de sus activos tangibles e intangibles.

El testimonio del Sr. Díaz León evidencia que el accionar de los agentes de la Demandada afectó gravemente la operación regular de las Compañías y, por consiguiente, su valor económico, como lo acredita el haber puesto fin a las actividades de Alimentos Frisa como empresa importadora y distribuidora de alimentos 360 . La falta de asignación de recursos financieros para desarrollar sus actividades principales y la ausencia de una administración con experiencia en el negocio impidieron que Alimentos Frisa pudiera mantenerse en operación.

Ha quedado demostrado que las Medidas adoptadas por la Demandada no resultaron de la imposición de sanciones previstas en la ley, ante incumplimientos supuestamente cometidos por las Compañías, sino de la decisión de la Demandada de disponer de los activos de las Compañías y los Demandantes. Esta decisión se plasmó en la privación del control y administración de los bienes de las Compañías y los Demandantes – que se volvió permanente ante su indebida prolongación en el tiempo – y el abandono de las estructuras, planes y objetivos comerciales y empresariales por parte de la Demandada.

El testimonio del Sr. Zandarín confirma que los agentes de la Demandada pasaron a administrar las Compañías 361 y a disponer de sus bienes 362 sin adoptar procedimientos mínimamente adecuados para preservar o dar cuenta de un patrimonio que no les pertenecía, ni mantener controles de los inventarios de mercancías y/o de los activos fijos existentes. Según el Sr. Zandarín, la Junta Temporal

Como mero ejemplo de la situación existente, cuando el Sr. Díaz León, integrante de la Junta Temporal, fue interrogado durante la Audiencia respecto de si había quedado algún registro en las actas de la Junta Temporal del despacho de cinco toneladas de jibia, informó que “no necesariamente [...] posiblemente la instrucción recibida por los Sres. Ministros a lo mejor estuvo posterior a esta fecha, y a lo mejor de manera previa ya se habían hecho los despachos ”. Frente a la pregunta de si cinco toneladas de jibia habrían podido ser despachadas sin registro alguno, el Sr. Díaz León contestó que “[n]o le puedo yo responder porque –vuelvo y le repito –,Doctor, nosotros no éramos los responsables de esos inventarios. Los responsables de esos inventarios eran Alimentos Mercal, no éramos nosotros ” 364 .

Los testimonios y demás pruebas recogidas durante este Arbitraje acreditan que la gestión de la Junta Temporal sobre los activos operacionales de las Compañías fue inorgánica, caracterizada por la ausencia significativa de control y de una definición clara sobre las responsabilidades, competencias y obligaciones de quienes debían velar por la preservación, administración y control de un patrimonio ajeno durante la vigencia de las Medidas –sea la Junta Temporal u otros organismos del Estado como INDEPABIS, SADA, y Mercal– que intervinieron durante el proceso.

En ese sentido, llama la atención del Tribunal el hecho de que los nuevos administradores de Alimentos Frisa, designados por la Demandada, no hubiesen adoptado medidas de defensa de la Compañía en relación con el contrato que tenía suscripto con IPSFA para la utilización de las instalaciones del Frigorífico de Tazón. Los agentes de la Demandada a cargo de la administración de la empresa se limitaron a recibir la notificación de IPSFA del 3 de junio del 2010, comunicando la finalización del contrato, sin ejercer ninguna acción, gestión, oposición o defensa ni generar una alternativa para su sustitución, privando a la Compañía de un elemento central para su supervivencia comercial 365 .

Igualmente, impresionó al Tribunal la secuencia de situaciones que llevaron a la inviabilidad operacional de las Compañías. El Sr. Díaz León, integrante de la Junta Temporal, reconoció que los noventa días de ocupación temporaria se prorrogaron “por noventa días más [...] y después se mantuvo en tiempo”. Preguntado por el Prof. Tawil sobre cómo siguió el proceso, el testigo informó que:

Este testimonio del principal integrante de la Junta Temporal demuestra la irresponsabilidad evidenciada por los agentes de la Demandada en el manejo de las Companías y la aceptación pasiva de su virtual liquidación como entes empresariales.

No se ha probado que, como afirma la Demandada, los Demandantes hubieran abandonado las Compañías 367 . Por el contrario, los elementos de prueba aportados demuestran que los Demandantes intentaron, en la medida de sus posibilidades, defenderse contra la intervención forzosa en la administración de las Compañías, mediante recursos administrativos frente al INDEPABIS y al MINCO, que hasta el momento no fueron resueltos por tales órganos de la Demandada 368 .

Basado en estas posiciones jurídicas, el Tribunal concluye que las Medidas adoptadas por los agentes de la Demandada contra las Compañías no reflejaron el ejercicio legítimo del poder de regulación o de preservación del orden público nacional. Al contrario, elementos de prueba como (i) las Providencias Administrativas Nos. 181 y 208; (ii) la ausencia de respuesta por parte de la Demandada a los reclamos de los Demandantes con relación a dichas providencias; (iii) la evidencia de la privación del control y administración de las Compañías, corroboradas por los detallados testimonios antes referidos de los Sres. Zandarín y Díaz León; y (iv) su indebida prolongación en el tiempo, confirman que tales medidas resultaron en un acto expropiatorio por parte de la Demandada, que lesionó gravemente el derecho de propiedad de los Demandantes sobre las Compañías 369 , sin ser compensados por las pérdidas sufridas como consecuencia de ello, en violación del Tratado 370 y de los principios de derecho internacional.

Como la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, el sistema jurídico venezolano prevé la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones y respetando determinados procedimientos, el Estado se haga de la propiedad de un bien privado por razones de interés público, siempre y cuando se le abone al expropiado una justa indemnización. En esa línea, el Tratado reconoce la posibilidad de que inversiones hechas por nacionales de las Partes Contratantes sean expropiadas, previo cumplimiento de ciertas condiciones y el pago de una justa indemnización 371 .

Los Demandantes no cuestionan la posibilidad de que exista una expropiación, pero alegan que

En el caso en examen, la privación de la propiedad de los Demandantes por parte de la Demandada se hizo sin observar los procedimientos expropiatorios previstos en las leyes venezolanas o el Tratado y sin pagar a los Demandantes las compensaciones allí previstas ante la pérdida de su propiedad.

Importa destacar que, según el artículo V del Tratado, para que una expropiación sea considerada ilegítima, no se requiere que se presenten simultáneamente todas y cada una de las excepciones establecidas en él – “que se realice […] exclusivamente por razones de utilidad pública, conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y con una compensación al inversor o a su causahabiente de una indemnización pronta, adecuada y efectiva” –, sino que basta demostrar el incumplimiento de una de ellas. En el caso concreto, aun asumiendo que las Medidas pudieran haber cumplido con los requisitos de fin público y no ser discriminatorias, la falta de pago de una compensación “pronta, adecuada y efectiva” constituye, en sí misma, un incumplimiento de entidad suficiente para tornar la expropiación en ilegal.

Además de los requisitos del Tratado, el pago de una justa indemnización por parte de la Demandada constituye uno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 115 de la Constitución Nacional de Venezuela, según el cual

A su vez, el artículo 7 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social de 2002 (la “Ley de Expropiación”) determina que, para llevar a cabo una expropiación bajo el derecho venezolano, se requiere, entre otros requisitos, el pago oportuno, en dinero efectivo, de justa indemnización, que se indemnice de forma previa a la toma de posesión física de los bienes, y que, no habiendo acuerdo entre las partes sobre el justiprecio, la entidad expropiante puede “acudir a la vía judicial para solicitar la expropiación del bien afectado” 374 .

De lo expuesto, resulta innegable que no fue legítimo el ejercicio, por la Demandada, del poder extraordinario de expropiar una inversión protegida por el Tratado. Las Medidas no observaron el requisito esencial de pago de la “indemnización pronta, adecuada y efectiva” de las inversiones de los Demandantes previsto en el artículo V del Tratado, ni se ajustaron a las previsiones de la ley venezolana en cuanto al pago de una justa indemnización previo a la toma de posesión de los bienes expropiados.

Habiendo concluido que las Medidas significaron la expropiación de la inversión, el Tribunal determina que los Demandantes tienen derecho a una justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el artículo V del Tratado. Los elementos aportados a este proceso demuestran que los Demandantes no lograron recuperar la propiedad de los activos tomados por la Demandada, ni recibieron compensación alguna por tal pérdida. Por lo tanto, deben ser indemnizados.

LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ESTÁNDAR DE TRATAMIENTO JUSTO Y EQUITATIVO Y DE PROHIBICIÓN DE ARBITRARIEDAD

Los Demandantes sostienen que, conforme al artículo IV del Tratado, la Demandada no ejecutó las Medidas dentro de un marco legal transparente ni respetó las garantías del debido proceso y que violó la prohibición de arbitrariedad 375 .

La Demandada alega que las Medidas no fueron anómalas, sino que se adoptaron siguiendo los principios de derecho internacional, incluyendo aquellos contenidos en el artículo IV del Tratado 376 y la legislación venezolana y, por ende, no debe entenderse que la Demandada haya violado el debido proceso o que haya actuado de forma arbitraria 377 .

Los Demandantes observan que, como la Demandada no les pagó ninguna indemnización, el Tribunal podría concluir su análisis sobre expropiación ilegal en este punto, dado que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de legalidad de expropiación torna la expropiación en ilegal 378 . No obstante, los Demandantes añaden que la conducta de la Demandada vulneró también el debido proceso y el estándar de tratamiento justo y equitativo (el “TJE”), dado el carácter arbitrario, irrazonable y desproporcionado de las Medidas 379 .

Los Demandantes notan que el artículo IV(1) del Tratado contiene el estándar de TJE, que cada Parte Contratante debe garantizar en su territorio 380 y que el artículo III(1) del Tratado establece, inter alia, la obligación de cada Parte Contratante de no obstaculizar mediante medidas arbitrarias y discriminatorias la gestión, el mantenimiento, el desarrollo, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta, ni – en su caso – la liquidación de las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante 381 .

Los Demandantes interpretan el estándar de TJE y el concepto de arbitrariedad en el derecho internacional y sostienen que las Medidas violaron los principios de transparencia y debido proceso y fueron arbitrarias 382 .

Los Demandantes agregan que el estándar de TJE no se limita al estándar mínimo internacional y que, incluso si así lo fuera, una medida no constitutiva de mala fe es considerada violatoria del derecho internacional si es injusta e inequitativa 383 . Sobre la base de la jurisprudencia 384 , los Demandantes sostienen que, inter alia, las “violaciones del debido proceso ” 385 , la “falta de transparencia en el procedimiento legal o en actos del Estado ” 386 y “medidas que sean arbitrarias ” 387 infringen el estándar de TJE.

Los Demandantes apuntan a la prohibición de la arbitrariedad en el artículo III del Tratado y consideran que la idea de la arbitrariedad “consiste en que la legalidad, el debido proceso, el derecho al recurso judicial, la objetividady la transparencia son sustituidos en la gestión de la cosa pública por privilegio, preferencia, parcialidad, preclusión y ocultamiento” 388 . Así, los Demandantes declaran que la idea subyacente en la conducta arbitraria es una manifiesta antijuridicidad, basada en el desconocimiento deliberado del derecho y en conductas que de forma clara están motivadas en razones que difieren de las declaradas 389 .

Los Demandantes alegan que, contrariamente a lo sostenido por la Demandada, el TJE debe ser distinguido del estándar mínimo de tratamiento 390 . Según los Demandantes, las Medidas violaron los principios de transparencia y debido proceso, y fueron arbitrarias 391 , resultando en una violación del TJE 392 . Respecto del principio de transparencia, los Demandantes aducen que este fue violado por la conducta de la Demandada, tanto en general, a través del uso impropio de su ordenamiento jurídico 393 , como en relación con aspectos más específicos, tales como el manejo de fondos por parte de la Junta Temporal 394 . Los Demandantes señalan que las medidas de la Demandada violaron el debido proceso conforme al derecho internacional 395 porque (i) se aplicó indebidamente el derecho sustantivo, al no haber seguido el procedimiento de expropiación 396 ; (ii) se configuró un desvío de poder, al ejercer facultades de fiscalización con el objeto de confiscar 397 ; y (iii) se actuó intencionalmente en contra de los Demandantes, al avalar la actuación de la Junta Temporal, que no mantuvo el giro del negocio 398 . Los Demandantes alegan que la Demandada violó el debido proceso al imponer las Medidas sin haber realizado un procedimiento administrativo 399 , como se evidenció en el caso de Transporte Dole, cuyos derechos al debido proceso y a la defensa fueron vulnerados de forma aún más flagrante 400 .

Según la Demandada, toda interpretación del TJE debe hacerse de conformidad al “[Tratado], las reglas y principios del derecho internacional ” y el “derecho nacional de la parte contratante donde se ha realizado la inversión” 401 . Además, la Demandada manifiesta que las disposiciones relativas al TJE deben ser interpretadas según el estándar mínimo de tratamiento del derecho internacional consuetudinario 402 y cita como ejemplo la conclusión sobre el estándar a la que llegó el tribunal en el caso Flughafen, entre otros 403 .

La Demandada añade que, bajo el derecho internacional, la conducta de un Estado viola el estándar mínimo de tratamiento si constituye una “falta grave de conducta, una injusticia manifiesta, o en las clásicas palabras del reclamo Neer, mala fe o negligencia intencional en el cumplimiento de un deber” 404 . La Demandada agrega que los Demandantes tienen la carga de la prueba de su proposición de que el estándar mínimo ha evolucionado desde el caso Neer, como lo estableció el tribunal en Cargill Incorporated c. Estados Unidos Mexicanos 405 . En este sentido, según la Demandada, el Tribunal debe determinar si el Estado operó de manera manifiestamente arbitraria a través de sus actuaciones más allá de determinar si las actuaciones del Estado son correctas. Asimismo, según la Demandada, los Demandantes no pueden basar sus argumentos en una serie de laudos fundados en cláusulas distintas sobre el TJE y que se decidieron sobre la base de normas de derecho distintas a las exigidas por el Tratado en este caso 406 .

Junto con lo anterior, la Demandada señala que la carga de probar la violación del estándar de TJE recae sobre los Demandantes, sin que estos hayan acreditado la gravedad de las supuestas anomalías relevantes del procedimiento 407 . Según la Demandada:

La Demandada señala que la falta de sanción por las supuestas anomalías en el procedimiento no es suficiente para acoger el argumento de violación del estándar de TJE. La Demandada afirma que la falta de recurso a la vía judicial debilita la pretensión de los Demandantes y obsta a su reclamo en sede de protección de inversiones, porque:

Según la Demandada, las medidas de comiso y de ocupación temporal fueron dictadas conforme al debido proceso. El INDEPABIS siguió el trámite previsto en la Ley de Bienes y Servicios 421 , y por ende cumplió con el procedimiento establecido en las leyes que rigen la materia, garantizando a Alimentos Frisa el ejercicio de las defensas que consideraba tener 422 . La Demandada sostiene que, incluso con base en la definición más amplia de los Demandantes, no violó el estándar internacional de TJE 423 .

La Demandada añade que fueron los Demandantes quienes, tras imponerse las Medidas, optaron por (i) no presentar la documentación necesaria que hubiera demostrado la supuesta falta de justificación de las Medidas; (ii) no agotar la vía administrativa; y (iii) no tratar de acudir a la vía judicial a obtener un resarcimiento 424 .

Los Demandantes alegan que se vulneró su debido proceso toda vez que, a pesar de haber presentado reiterados escritos ante el INDEPABIS tras la emisión de las Providencias Administrativas Nos. 181 y 208 425 , ni el INDEPABIS ni el MINCO emitieron resoluciones finales frente a los recursos deducidos 426 .

Los Demandantes también alegan que la Demandada ha violado su derecho al debido proceso, ya que:

Los Demandantes refutan el argumento de la Demandada de que las Compañías debieron impulsar los procesos sancionatorios una vez configurado el silencio administrativo 430 , debido a que:

En consonancia con lo anterior, los Demandantes sostienen que los procedimientos administrativos deben desarrollarse con transparencia y que este deber incluye típicamente la posibilidad de interponer un recurso legislativo o procesal razonable para impugnar la medida que se pretende adoptar 435 . En este sentido, los Demandantes invocan los estándares aplicados por los tribunales arbitrales en, inter alia, los casos Gold Reserve c. Venezuela 436 y Rumeli c. Kazajistán 437 , para justificar que las Medidas violan el estándar de TJE 438 .

A su vez, según los Demandantes, el procedimiento administrativo contra las Compañías no se llevó a cabo en forma transparente. Por un lado, Alimentos Frisa ofreció y solicitó la producción de una importante cantidad de prueba que el INDEPABIS rechazó in limine. El INDEPABIS nunca emitió una resolución definitiva respecto a la imputación realizada, quedando el procedimiento inconcluso y sin que se aplicara ninguna sanción contra Alimentos Frisa 439 . Los Demandantes manifiestan que la conducta imputada a Alimentos Frisa en el proceso sancionatorio jamás pudo haberse resuelto con una sanción tan grave como el decomiso y posterior comercialización de 1.225,91 toneladas de alimentos y la sustitución de la gestión y administración de la empresa por parte del Estado, en forma indefinida y permanente 440 .

En relación a Transporte Dole, los Demandantes manifiestan que el INDEPABIS ni siquiera intentó iniciar un proceso propiamente sancionatorio conforme con la Ley de Bienes y Servicios 441 , basándose las medidas relativas a Transporte Dole únicamente en la ausencia de los gerentes durante la inspección 442 . Para los Demandantes, la falta de imputación por el INDEPABIS de cualquier ilícito económico o administrativo bajo la Ley de Bienes y Servicios contra Transporte Dole resultó en la aplicación de facto y permanente de las medidas cautelares dispuestas bajo la Providencia Administrativa No. 208. Todo ello constituyó una violación de los principios de presunción de inocencia y debido proceso y al derecho de defensa de los Demandantes. Asimismo, los Demandantes enfatizan la aceptación de la Demandada de que existió una “anomalía” al no iniciarse el procedimiento sancionador contra Transporte Dole 443 .

La Demandada reitera que ha cumplido con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y debido proceso 444 y que, en el improbable caso de que se estime que las Medidas tuvieron efecto expropiatorio, conforme al Tratado la Demandada estaría aún a tiempo de pagar la compensación adecuada 445 .

Para la Demandada, como no hubo procedimiento expropiatorio, no se puede evaluar si se cumplió con el procedimiento de expropiación. El hecho de que un Estado no expropie una empresa y en cambio se limite a intervenirla en el seno de un procedimiento sancionador, no implica que se vulnere el debido proceso 446 .

En relación con el estándar de proporcionalidad, la Demandada alega que, conforme a lo establecido en la decisión Mellacher y otros c. Austria de la Corte Europea de Derechos Humanos 447 y en el laudo Tecmed 448 , las Medidas fueron proporcionales a las irregularidades constatadas en ejercicio de las facultades de inspección de la SADA y del INDEPABIS, adoptadas y prolongadas con la finalidad de regularizar las actividades de Alimentos Frisa ante el desinterés de los Demandantes 449 .

En cuanto a las garantías procesales que, según los Demandantes, fueron afectadas al adoptar las Medidas, la Demandada asevera que los Demandantes (i) renunciaron a ejercer los recursos disponibles 450 ; (ii) tuvieron acceso al expediente y conocimiento de los cargos imputados 451 ; (iii) respecto de la medida concerniente a Alimentos Frisa, no impugnaron el acto administrativo de sanción directa 452 , adoptado en un proceso sancionatorio en el que aportaron pruebas que luego fueron desestimadas y se limitaron a alegar lo mismo que en el escrito de oposición inicial 453 ; (iv) respecto de la medida adoptada en relación a Transporte Dole, no aportaron pruebas en soporte del escrito de oposición presentado 454 ; y (v), en cualquier caso, decidieron no impugnar las Medidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 455 , a la que los Demandantes pudieron haber acudido mediante la figura del silencio administrativo 456 .

A su vez, la Demandada expresa que las Medidas fueron actos administrativos que, a diferencia de los involucrados en Helman c. Egipto , no fueron emitidos por la máxima autoridad administrativa 457 , con lo cual se desvirtúa la alegada violación al debido proceso 458 , como se sostuvo en Crystallex International Corporation c. República Bolivariana de Venezuela 459 .

Los Demandantes consideran que el concepto clásico de arbitrariedad es el adoptado en el caso Elettronica Sicula de la Corte Internacional de Justicia, que está basado en el desconocimiento deliberado del derecho y en conductas que claramente se fundan en motivos que difieren a los declarados por quien toma la medida arbitraria 460 . En esta línea, los Demandantes se amparan en las decisiones que a este respecto fueron adoptadas por los tribunales en Siemens c. Argentina 461 ,OI European Group B.V. c. Venezuela 462 y Al-Bahloul c. Tayikistán. En esta última decisión se concluyó que la presencia de mala fe, pese a no constituir un requisito de conducta arbitraria, representa un claro indicio de arbitrariedad 463 .

Los Demandantes equiparan las Medidas a los actos realizados en el caso OI European Group B.V. c. Venezuela 464 . Según los Demandantes, las Medidas que violaron el estándar de TJE y la prohibición de obrar en forma arbitraria fueron:

En esas circunstancias, los Demandantes aducen que existe “una contradicción entre las razones del INDEPABIS para dictar las medidasde ocupación,y la verdadera finalidad perseguida” 472 . Asimismo, el carácter preventivo y temporal de las Medidas y el hecho de que ellas se mantuvieran en forma indefinida sin iniciarse el correspondiente expediente administrativo son evidencia de que las Medidas no se corresponden con la realidad.

Los Demandantes hacen notar que la adopción de medidas de ocupación temporal por parte de los órganos regulatorios venezolanos requería, por lo menos, de la apertura de un procedimiento sancionador, como determinó el tribunal en el caso Owens-Illinois 473 . En esta línea, los Demandantes rechazan que el caso mencionado sea diferente al presente, como sostiene la Demandada, argumentando que la decisión del tribunal en ese caso no se basó en si las irregularidades existieron o no, sino que se fundó en gran medida en que la adopción de medidas de ocupación temporal requería de la apertura de un procedimiento sancionador, cosa que el INDEPABIS nunca hizo 474 .

Asimismo, según los Demandantes, dependía de la administración revocar o sustituir las medidas preventivas adoptadas después de haber concluido el procedimiento administrativo correspondiente 475 . Además, la Demandada violó el derecho de defensa, al asumir la culpabilidad de las Compañías, sin que se concluyera el procedimiento administrativo 476 y no correspondía a las Compañías probar que las acusaciones en su contra fuesen falsas, sino que el INDEPABIS debió llegar a una determinación y no lo hizo 477 . Finalmente, los Demandantes sostienen que las alegadas irregularidades laborales no existieron ni fueron probadas por la Demandada, como lo evidencia la ausencia de juicios laborales contra las Compañías 478 .

Con respecto a la sanción del SENIAT, los Demandantes consideran que tal sanción no tiene ninguna relación con las Medidas. Las medidas preventivas del INDEPABIS o la SADA no constituyen la culminación de un proceso administrativo o sancionador de ninguno de estos órganos 479 . Del mismo modo, los Demandantes rechazan el argumento del silencio administrativo al que recurre la Demandada para explicar la falta de resolución expresa. Según los Demandantes, el silencio administrativo sería una garantía en beneficio del administrado, pero no una carga 480 , y al tratarse de un proceso sancionador con características análogas al proceso penal, la carga de impulsarlo hasta la imposición de una sanción recae sobre el Estado 481 . De lo contrario, los acusados estarían obligados a impulsar el procedimiento conducente a su propia sanción 482 .

Junto a ello, los Demandantes niegan el argumento de la Demandada según el cual “existe una exigencia, avalada por la jurisprudencia sobre arbitrajes bajo tratados de inversión, de que se debe llevar a cabo un intento razonable por solucionar la disputa [en el ámbito doméstico] antes de acudir a la protección de los tratados internacionales ” 483 , por considerar que la jurisprudencia es clara en que cualquier tipo de medidas gubernamentales pueden ser violatorias del estándar de TJE, independientemente de si han sido o no impugnadas localmente, dada la inexistencia de una regla de agotamiento de recursos internos en el Tratado 484 .

En este sentido, los Demandantes sostienen que, en derecho internacional, cuando la medida atacada es una medida judicial, rige en principio la regla de agotamiento de los recursos internos, pero no es así cuando la medida atacada es de naturaleza administrativa, regulatoria o legislativa. En estos casos, si un órgano del Estado ha actuado de modo irrazonable, arbitrario, desproporcionadamente o en violación de las reglas del debido proceso, esa conducta vulnera la regla de TJE, con independencia de cualquier recurso a los tribunales locales 485 . En el caso particular, la Demandada abusó de su autoridad, con fines indebidos y no contemplados por la ley, o por su negligencia e inconsistencias administrativas, y violó el estándar de TJE 486 . En definitiva, según los Demandantes, ha habido en este caso una ausencia total de transparencia y honestidad en el proceso administrativo, lo que genera una violación del debido proceso.

Del mismo modo, los Demandantes alegan que las medidas se adoptaron sin observar la ley y, por lo tanto, son arbitrarias. Ante las Medidas de la Demandada, los Demandantes se encontraban legitimados para recurrir ante este Tribunal bajo el Tratado y hubiera sido injusto e inequitativo requerir que los Demandantes recurran a la vía judicial en Venezuela 487 .

La Demandada alega que, conforme al estándar de prohibición de arbitrariedad sostenido por varios tribunales arbitrales, las Medidas no fueron arbitrarias al haber sido racionales y adoptadas “dentro del marco de una política estatal racional” 488 . Las Medidas no se tomaron para obtener el control de las Compañías 489 , ni para evitar acudir al procedimiento regulado conforme a la Ley de Expropiación 490 . En base a la doctrina del caso Tza Yap Shum c. República del Perú, la Demandada afirma que el umbral para identificar si una medida es arbitraria es alto. Debe ser un “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho ”, o un “proceder fundado en prejuicio o preferencia más que en la razón o los hechos ” 491 . La Demandada también cita el criterio sentado por el tribunal arbitral en Genin c. Estonia , conforme al cual “el acto constitutivo de arbitrariedad debe demostrar un alto grado de mala fe y una violación palpante [sic] del debido proceso o un alto grado de negligencia ” 492 .

La Demandada alega que respetó sus procedimientos internos y que, en el supuesto que se determine que existió alguna anomalía, los Demandantes no pueden pretender ser resarcidos bajo el derecho internacional sin haber intentado ninguna acción de reparación a nivel nacional.

La Demandada rechaza que las medidas adoptadas de conformidad con el marco regulatorio establecido para ejecutar la política pública de seguridad alimentaria puedan llegar a ser consideradas como ilegales, ya que se trata de una política pública regulada a nivel nacional e internacional 493 . La Demandada alega que las Medidas fueron dictadas en vista de las irregularidades constatadas 494 y en virtud de que la Ley de Bienes y Servicios contempla como sanción, entre otras, el decomiso de bienes y la retención de medios de transporte, cuando se presume que se podría haber incurrido en una conducta contraria a la ley 495 .

La Demandada argumenta que las Medidas ejecutadas por el Estado estaban justificadas, ya que: